lunes, 20 de junio de 2016

Una semana decisiva

Fernando Gerbasi


Si de algo está consciente el gobierno venezolano es de que cada día está más aislado internacionalmente. Todo el dinero que durante años se gastaron para comprar apoyos y conciencias, pareciera que de poco o nada les sirvió. Al gobierno venezolano o no lo apoyan o lo repudian, como consecuencia de la permanente y sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos; de la represión a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos; por la existencia de los 96 presos políticos y, lo más grave e inhumano, por no reconocer la crisis humanitaria en la que estamos sumidos y su postura radicalmente opuesta  a permitir y aceptar  la ayuda internacional para solventarla.

Este proceso de condena se incrementó a partir del 31 de mayo del año en curso cuando el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitó,  con base al artículo 20  de la Carta Democrática Interamericana, una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para determinar si en Venezuela se ha producido “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y se activen los procedimientos diplomáticos que prevé la propia Carta para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

En opinión del Secretario General de la OEA si existe una alteración del orden constitucional en Venezuela que afecta gravemente su orden democrático, y ello lo demuestra en un amplio informe de 132 páginas en el que analiza, de manera contundente, la situación política, ética, institucional, así como la crisis humanitaria y la corrupción, que vive actualmente Venezuela.

Ciertamente, solicitar una reunión del Consejo Permanente, que está integrado por los representantes de los 34 Estados miembros de la OEA, no significa en ningún momento la aplicación inmediata de la Carta. Esta es una decisión que corresponde a los gobiernos de manera colectiva, y que toma su tiempo pues la propia Carta prevé una serie de procedimientos que deben ser puestos en práctica y que van desde los buenos oficios para promover el retorno a la institucionalidad democrática hasta la suspensión de la Organización,  la cual se adopta con el voto afirmativo de los dos tercios (24 votos) de los Estados miembros de la OEA.

Ahora bien, el gobierno sabe que su credibilidad está profundamente deteriorada por lo que si fuera aislado hemisféricamente las consecuencias serían muy negativas, tanto desde el punto de vista político como económico y ello fortalecería, aún más, la tesis de su rechazo por parte de los venezolanos.

Hasta ahora Almagro le ha ganado la batalla democrática al gobierno venezolano en todos los terrenos y, lo que es más importante, ha generado un proceso de repudio paulatino hacia éste a nivel del continente americano que se une al que ya existe en Europa, con particular énfasis en España.

El gobierno, conocedor de esta situación y guiado por el solo deseo de ganar tiempo a fin de evitar la realización del referendo revocatorio presidencial este año, pues lo perdería así como la subsecuente elección presidencial, ha tratado de crear el espejismo que en nuestro país hay un diálogo entre la oposición y el gobierno. Para tales fines cuenta con la colaboración del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández.

La reciente Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en la República Dominicana, sirvió de escenario para las escaramuzas políticas y tácticas dilatorias por parte de las autoridades venezolanas a fin de bloquear la invocación de la Carta Democrática en su contra. Trataron de desacreditar al Secretario General de la OEA, no solo con insultos  sino presentando una resolución de condena contra Almagro por excederse en sus funciones e intervenir en los asuntos internos de los Estados Miembros, la cual fue rechazada por falta de consenso.

En esta Asamblea General la situación de la democracia en Venezuela, o más bien la desviación dictatorial del régimen, fue el centro de las discusiones y decisiones. Incluso, Venezuela que tanto ha denigrado de la OEA a lo largo de estos años recurre ahora a ella como tabla de salvación política. Por eso propuso y logró la celebración de una reunión del Consejo Permanente el día 21 de junio, para escuchar a los ex presidentes encabezados por Rodríguez Zapatero, sobre el supuesto diálogo que actualmente se lleva a cabo en nuestro país. Esta reunión se celebrará dos días antes de la prevista para el día 23, donde Almagro presentará su argumentación demostrando que en Venezuela ya se quebrantó  el orden constitucional por lo que hay que activar, consecuentemente, la Carta democrática.

Zapatero, con toda seguridad y conociendo sus afinidades políticas resaltadas recientemente por el partido populista español Podemos, reafirmará que la única vía para solucionar los problemas políticos, institucionales y sociales que confrontan los venezolanos es el diálogo entre gobierno y oposición y que al respecto el y sus colegas cuentan con respaldos importantes en la región para llevarlo a buen término, comenzando por la Administración Obama. La intención es ganar tiempo y en connivencia con Maduro evitar el referendo revocatorio, como si éste no estuviera claramente previsto en la Constitución. Además, y no extrañaría, quizás culpe a la oposición de no querer dialogar con el gobierno. En fin y ello es muy importante, en esta reunión el gobierno venezolano tratará de demostrar que ya existe un camino, el supuesto diálogo, y por tanto no es necesario discutir lo de la aplicación de la Carta Democrática.

Es verdad que en la Asamblea de la OEA en la  República Dominicana quince cancilleres, de países representativos, emitieron un comunicado que en oportunidades no ha sido correctamente interpretado. En primer lugar porque en el se condena implícitamente al gobierno cuando alientan “el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre otras, la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas” y expresan su apoyo “a la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales,”. Quién está irrespetando la Constitución, quién no acepta la separación de poderes, quién no respeta el Estado de Derecho y no permite la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales como el referendo revocatorio previsto en el Artículo 72 de la Constitución?

En segundo lugar porque se ha dicho que respaldan el diálogo entre el gobierno y la oposición. Esto es cierto y no puede ser de otra manera pues es un mecanismo y procedimiento que tienen que apoyar, pero este apoyo está condicionado a que el diálogo tenga lugar siempre y cuando éste sea oportuno, nacional, incluyente y eficaz, por lo que señalan que este proceso debe llegar a resultados positivos en un tiempo razonable.

En tercer lugar porque aceptan la reunión del 21 de junio para escuchar a los ex presidentes y su informe pero, y en mi opinión es más importante, reiteran su apoyo a la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, prevista para el 23 de junio, la que tendrá como finalidad considerar el informe presentado por Almagro sobre la situación del orden democrático en Venezuela.

En fin, iniciamos una semana llena de expectativas y en la que se determinarán cursos de acción, a nivel internacional,  que tendrán gran repercusión sobre la vida nacional. Es verdad que la solución sólo está en nuestras manos pero en un mundo globalizado e interdependiente la actitud que asuman otros gobiernos, así como la opinión pública internacional, tendrá gran influencia en su resolución. Los demócratas venezolanos, hoy mucho más que ayer, cuentan con el apoyo y respaldo a nivel mundial por lo que hay que trabajar para reforzarlo a través de la denuncia, con la verdad por delante, de lo que ocurre día a día en nuestra querida patria.

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20 de junio de 2016.





martes, 7 de junio de 2016

La misión de Zapatero

Fernando Gerbasi


José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español (2004 – 2011) y muy afín en esos años de los gobiernos de la llamada nueva izquierda latinoamericana, en especial del de Hugo Chávez, así como del cubano, ha asumido el reto de actuar como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición  en la búsqueda de un diálogo entre las partes. Misión no  exenta de importantes escollos.

El 16 de mayo, luego de participar como observador internacional en el proceso electoral de la República Dominicana, desembarcó en Venezuela, atendiendo una invitación del gobierno venezolano y también del Secretario General de la UNASUR, conjuntamente con los ex presidentes Leonel Fernández, de la República Dominicana, y Omar Torrijos, de Panamá, para dar inicio a un proceso de mediación en la crisis venezolana. Empero, desde un inicio la misión de Zapatero tiene, como mínimo,  cuatro hándicaps muy fuertes en su contra. En primer lugar, que ella responde a una solicitud expresa del gobierno sin haber consultado a la oposición. En segundo lugar, que el otro convocante, Samper o UNASUR, no tienen ni el prestigio ni la independencia moral para actuar como convocantes en la búsqueda de soluciones  a la situación venezolana. En tercer lugar, que el gobierno y el oficialismo, por sus públicas actuaciones han dado muestras fehacientes de no estar interesados en encontrar  una salida convenida a la terrible crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país, como consecuencia de las malas políticas públicas impuestas por el chavismo. Lo que quieren es ganar tiempo para continuar, de una u otra manera,  en el poder. El cuarto hándicap, y en mi opinión el más relevante, son las condiciones impuestas por la Mesa de la Unidad Democrática para aceptar participar en un diálogo.

Estas condiciones, recordemos, son las siguiente: La realización, en el 2016, del referendo revocatorio, tal como lo establece el Artículo 72  de la Constitución, para encontrarle una solución pacífica y democrática a la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. En segundo lugar está la libertad de los presos políticos, el cese de la judicialización por persecución política y el retorno de los exiliados. Luego se exige que el gobierno admita  la ayuda internacional en medicinas y alimentos para atender con urgencia la crisis humanitaria.  Y finalmente, la MUD considera esencial el respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a la Asamblea Nacional, por parte del gobierno que desde diciembre de 2015 no ha hecho sino violar la Constitución, irrespetar a la AN y controlar y manipular los poderes, en particular al TSJ, para beneficio de sus intereses políticos.

De todo esto tiene claro conocimiento el señor José Luis Rodríguez Zapatero.

Recientemente Zapatero regresó a Caracas, donde sostuvo encuentros con el gobierno, con representantes de la MUD incluyendo su secretario ejecutivo, y finalmente lo más resaltante, logró visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde.

Llama la atención que el gobierno autorizara esta visita mientras le negó esa posibilidad, ciertamente en el marco de otras condiciones, a los ex presidentes Felipe González, Andrés Pastrana y Sebastián Piñera. No obstante, ella es importante pues es el reconocimiento implícito del carácter de preso político de Leopoldo López. Un político sólo dialoga con un político.

No hay malicia, mala voluntad o prejuicio cuando uno se pregunta por qué y para qué el gobierno accedió. ¿Cuál es y fue la real intención de Zapatero al entrevistarse con Leopoldo? ¿Comprender qué, en el marco del proceso de mediación? O, ¿qué le propuso y a cambio de qué?

Hasta ahora solo conocemos, por las redes sociales, la versión del propio Leopoldo López, quien subraya que  Zapatero es  el único que ha sido autorizado por el gobierno a visitarlo, mientras que otros que lo han solicitado en los dos últimos años no han podido hacerlo. Ante Zapatero muestra una vez más la firmeza de carácter que lo caracteriza y la reciedumbre de los ideales y principios democráticos que motivan su lucha por Venezuela. Reafirma las condiciones expuestas por la MUD para aceptar un diálogo. Por ello insistió, una vez más, que el pueblo venezolano quiere el cambio constitucional en el 2016, es decir, que se realice el referendo revocatorio. Le explicó porqué era fundamental liberar a los presos políticos. Que el diálogo no podía instaurarse para permitirle al gobierno ganar tiempo y exigió de este último que autorice a otros ex presidentes a visitarlos, así como a la Conferencia Episcopal y a la Unidad. En fin, Leopoldo López fue, como siempre, coherente consigo mismo y con la Unidad.

Hasta ahora el mediador ha actuado con mucho sigilo, lo que sería habitual si atendiese un proceso normal de intermediación solicitado por ambas partes. Pero, reiteramos, este no es el caso. Por ello, tanto a nivel nacional como internacional, incluso en España, mucha gente recela o ve con profunda desconfianza el proceso que adelanta Rodríguez Zapatero. Este pareciera no tener consciencia que el  gobierno venezolano no ha dado pruebas de querer un verdadero diálogo tendente a encontrar solución urgente a los ingentes problemas que afectan a diario a los ciudadanos. El gobierno lo que quiere es ganar tiempo, como lo buscó en el pasado cuando el mediador fue el Secretario General de la OEA, en el 2003. El gobierno se ha burlado abiertamente de la voluntad popular al no aceptar y boicotear las decisiones de la Asamblea Nacional.

En fin, todo parece indicar que la misión de Rodríguez Zapatero, que intenta mediar en la crisis venezolana a través de un diálogo entre la oposición representada en la MUD y el gobierno, está destinada a ser un fiasco. Ello no necesariamente por su culpa, sino esencialmente por la intransigencia del gobierno y de los oficialistas. Sin embargo, un hombre con la trayectoria política de Zapatero debería ser más cauto y no aceptar encomiendas a la ligera, solo porque ve con simpatía a una de las partes.

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7 de junio de 2016