Venezuela transita momentos complejos y decisivos para
el futuro político del país. Estamos a pocos días de una fecha clave a partir
de la cual la precaria legitimidad formal de la que goza el régimen de Nicolás
Maduro, cuyo desempeño ha trastocado los principios y valores democráticos más
elementales, dejará de tener sustento constitucional.
Porque la “elección” presidencial que tuvo lugar el 20
de Mayo pasado, no puede ser considerada de ningún modo ajustada a lo
establecido en las normas contenidas en nuestra Constitución y las leyes
vigentes.
De allí que la Comunidad
Internacional haya entendido tal resultado “electoral” como falso, y en
consecuencia, lo desconoció. Así, buena parte de las democracias del mundo no
le han concedido credibilidad y mucho menos legitimidad. Para la mayoría de
esos países el periodo de gobierno de Maduro culminará en los primeros días del
mes de enero de 2019, conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
Las acciones que adelante
la Comunidad Internacional de cara a la crisis política venezolana antes del 10
de enero de 2019 y, en particular, después de ese día, podrían ser factores
importantes de su solución definitiva.
Teniendo en cuenta que el
Grupo de Lima ha expresado públicamente su rechazo tanto a la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) y a todos los actos que emanen de ella, así como a los
resultados de la fraudulenta elección presidencial referida, por medio de la
cual se pretendió reelegir al Presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo
presidencial, se insta al Grupo de Lima a adelantar y reforzar acciones de
presión coordinadas de cara a las fechas señaladas.
Entre las acciones a
desarrollar antes del 10 de enero podríamos sugerir la adopción de medidas que
apunten a sancionar los delitos de corrupción, de legitimación de capitales, de
movimiento ilícito de capitales y vinculados al narcotráfico, perpetrados desde
el gobierno de Venezuela por funcionarios altos y medios, dirigentes políticos
y sus socios.
Igualmente, y con
posterioridad al 10 de enero, podrían sumarse acciones más severas que apunten
al desconocimiento de una eventual e ilegal toma de posesión.
Entre estas medidas podrían
mencionarse la activación del Consejo Permanente de la OEA para la aprobación
de una resolución por medio de la cual se desconozca la legitimidad de la
reelección. Lo mismo podría promoverse en el marco del Mercosur. Ambas medidas podrían
implicar acciones de carácter político/diplomático, como el retiro de
embajadores.
Ambos escenarios podrían
contemplar además un respaldo explícito a la Asamblea Nacional como el único
órgano legítimo de la representación popular.
Caracas, 11 de diciembre de
2018