jueves, 13 de diciembre de 2018

Ante la inconstitucional pretensión de Nicolás Maduro para asumir un nuevo mandato presidencial



Venezuela transita momentos complejos y decisivos para el futuro político del país. Estamos a pocos días de una fecha clave a partir de la cual la precaria legitimidad formal de la que goza el régimen de Nicolás Maduro, cuyo desempeño ha trastocado los principios y valores democráticos más elementales, dejará de tener sustento constitucional.
Porque la “elección” presidencial que tuvo lugar el 20 de Mayo pasado, no puede ser considerada de ningún modo ajustada a lo establecido en las normas contenidas en nuestra Constitución y las leyes vigentes. 
De allí que la Comunidad Internacional haya entendido tal resultado “electoral” como falso, y en consecuencia, lo desconoció. Así, buena parte de las democracias del mundo no le han concedido credibilidad y mucho menos legitimidad. Para la mayoría de esos países el periodo de gobierno de Maduro culminará en los primeros días del mes de enero de 2019, conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
Las acciones que adelante la Comunidad Internacional de cara a la crisis política venezolana antes del 10 de enero de 2019 y, en particular, después de ese día, podrían ser factores importantes de su solución definitiva.
Teniendo en cuenta que el Grupo de Lima ha expresado públicamente su rechazo tanto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a todos los actos que emanen de ella, así como a los resultados de la fraudulenta elección presidencial referida, por medio de la cual se pretendió reelegir al Presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, se insta al Grupo de Lima a adelantar y reforzar acciones de presión coordinadas de cara a las fechas señaladas.
Entre las acciones a desarrollar antes del 10 de enero podríamos sugerir la adopción de medidas que apunten a sancionar los delitos de corrupción, de legitimación de capitales, de movimiento ilícito de capitales y vinculados al narcotráfico, perpetrados desde el gobierno de Venezuela por funcionarios altos y medios, dirigentes políticos y sus socios.
Igualmente, y con posterioridad al 10 de enero, podrían sumarse acciones más severas que apunten al desconocimiento de una eventual e ilegal toma de posesión.
Entre estas medidas podrían mencionarse la activación del Consejo Permanente de la OEA para la aprobación de una resolución por medio de la cual se desconozca la legitimidad de la reelección. Lo mismo podría promoverse en el marco del Mercosur. Ambas medidas podrían implicar acciones de carácter político/diplomático, como el retiro de embajadores.
Ambos escenarios podrían contemplar además un respaldo explícito a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo de la representación popular.
Caracas, 11 de diciembre de 2018