martes, 24 de mayo de 2016

Diálogo (¿?)

Fernando Gerbasi


En toda sociedad estructurada y democrática el diálogo entre las partes interesadas es la base y fundamento del entendimiento y progreso. La paz y la concordia política y social, sólo se alcanza a través del diálogo. Si no hay diálogo entre los sindicatos, patronos y gobierno no se puede llegar a decisiones consensuadas que satisfagan a todos, particularmente a los trabajadores. Si el gobierno, o el partido que lo representa y los partidos políticos de oposición no dialogan entre si mal pueden avanzar en la adopción de leyes, en enmiendas o reformas de la Constitución, o en decisiones destinadas a salvaguardar la integridad territorial.

Pero cuando confrontamos gobiernos totalitarios, de esos que pululan hoy en día por el mundo, y que se muestran como democráticos porque realizan elecciones o disfrazan con barniz democrático legalista su verdadero carácter dictatorial, por lo general el diálogo es imposible porque para ellos sólo es viable cuando ya de antemano impone sus puntos de vista. Las revoluciones, de acuerdo a sus postulados no mueren, no desaparecen, por tanto no pueden ceder espacios y mucho menos el poder. Aún más, el poder es primordial cuando de lo que se trata es salvar el propio pellejo, ya que la justicia, tarde o temprano, se termina imponiendo sobre aquellos que han  violado sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, son corruptos o han propiciado la corrupción o peor aún están incursos en el narcotráfico.

Todos, sin excepción, estamos conscientes que nuestro país atraviesa la peor crisis de su historia. Que las medidas que hay que adoptar para salir de ella y enrumbar a Venezuela por la senda del crecimiento serán duras y difíciles. Pero, como es sabido, ante situaciones particulares medidas excepcionales. Mientras el gobierno continúe gerenciando el caos, como política de sobrevivencia, no será posible adoptar las medidas de carácter político, económico y social que la República requiere. De lo que pareciera no estar consciente el gobierno es que la cuerda revienta siempre por lo más débil, y en estos momentos lo más débil que tenemos es al gobierno.

Muchos, a nivel internacional,  hacen esfuerzos porque se de un diálogo entre el gobierno y la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para comenzar el propio Papa Francisco, que no ha escatimado llamados al respecto. Incluso decidió enviar a su Canciller, monseñor Paul Gallagher, Secretario para la Relación con los Estados, luego que le mandara una carta al presidente Nicolás Maduro en la que al parecer le pedía diálogo con la oposición. Lamentablemente esta visita fue abortada, "por motivos que no dependen de la Santa Sede", entiéndase porque el gobierno le tuvo miedo a un diálogo que tuviera como mediador a la Iglesia. No hay que olvidar que desde siempre la Conferencia Episcopal Venezolana ha llamado al diálogo, pero también ha denunciado la intransigencia del gobierno al querer imponer “un sistema político–económico de corte socialista marxista o comunista”

A nivel internacional la preocupación sobre lo que pudiera ocurrir en Venezuela es grande. De ahí que el Secretario General de la ONU llame al diálogo y vea positivamente los ofrecimientos hechos en esa dirección. Gobiernos y parlamentos regionales comienzan a pronunciarse en el mismo sentido. UNASUR envió una misión conformada por tres ex presidentes, cuya cabeza era José Luis Rodríguez Zapatero, quien después de reunirse con unos y otros se ha mostrado quizás exageradamente optimista.

Como es lógico, la MUD, a través de un comunicado del 19 de mayo de 2016, saludo como positivo el gesto de Rodríguez Zapatero. Subrayó su disposición en dialogar con el gobierno nacional siempre y cuando esto sirviera para solucionar los acuciantes problemas que confrontamos los venezolanos y, en ningún caso, para que el gobierno trate de ganar tiempo.

Para la MUD es primordial actuar de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el pasado 6 de diciembre, con el triunfo opositor en la Asamblea Nacional, el único que ha violado de manera constante y sistemática la Constitución ha sido el gobierno. Ya sea directamente o a través de su órgano judicial el TSJ.

De ahí la importancia que adquiere el párrafo  tercero, del comunicado antes citado y el cual, textualmente, reza así: “Coincidimos con la Conferencia Episcopal Venezolana en que para que el diálogo sea útil al país debe tener agenda precisa, objetivos claros, reglas transparentes y sobre todo respeto por el sentido de urgencia que hoy tiene el pueblo venezolano ante la gravedad de la crisis. En esa dirección afirmamos con claridad que para nosotros toda intención de apoyo a la democracia venezolana pasa por viabilizar que el pueblo venezolano se exprese libremente, que sea la voz del soberano la que construya la solución democrática y pacífica. Si lo que se quiere promover es un auténtico DIÁLOGO NACIONAL, no solo un debate partidista o institucional, entonces la NACIÓN debe hablar y ser escuchada. Y el mecanismo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé para tal fin es el REFERENDO REVOCATORIO. En consecuencia, el primer punto de la agenda de todo proceso de diálogo serio en la Venezuela actual debe ser, precisamente, como quitar los obstáculos y triquiñuelas que intentan interferir, sabotear o postergar el ejercicio de ese derecho constitucional”

En fin, para los demócratas venezolanos el diálogo con el gobierno nacional pasa porque éste le de curso a la Constitución  y permita la realización del revocatorio presidencial, de conformidad con su Artículo 72.

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24 de mayo de 2016.




lunes, 23 de mayo de 2016

Declaración del Grupo Ávila Ante la declaratoria de un Estado de Excepción

Venezuela atraviesa la crisis política, económica, social, sanitaria, alimentaria e institucional más compleja de su historia, dentro de un entorno económico internacional desfavorable, exacerbado por su desmesurada dependencia del ingreso petrolero, y la negativa gubernamental de reconocer y asumir su existencia y gravedad.

Al mismo tiempo, el gobierno persiste en desdeñar a la oposición democrática como interlocutor válido y desconoce además la voluntad popular manifestada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados constituyen un inequívoco mandato de la soberanía popular.

Como resultado de una actitud intransigente y del sistemático desconocimiento y entorpecimiento de las funciones y decisiones de la Asamblea Nacional, se sigue erosionando la gobernabilidad y la paz social del país, en medio del continuado deterioro de la ya menguada institucionalidad democrática, generando con ello mayores tensiones políticas y sociales, que ya no solo amenazan la tranquilidad interna, sino que podrían también afectar a algunos de nuestros vecinos de la región.

Frente a ello, la oposición ha dado innumerables muestras de su voluntad de participar en un diálogo con las autoridades gubernamentales, incluyendo la mediación de actores externos imparciales confiables para ambas partes; sin embargo, la ausencia de un claro reconocimiento del adversario, sin lo cual ningún diálogo tendría razón de ser ni denotaría una verdadera voluntad de negociar, la ha llevado a proponer vías pacíficas, dirigidas a tratar de superar dicha crisis, las cuales se decantaron finalmente por la solicitud de convocar al referéndum revocatorio presidencial previsto en el artículo 72 de la Constitución.

En este contexto, la adopción de un nuevo decreto de excepción y emergencia económica introduce un elemento de crispación que se añade a la escalada gubernamental de las tensiones políticas, resultantes de las numerosas acciones antidemocráticas e inconstitucionales.

A lo anterior debemos señalar el peligroso y creciente papel otorgado a las Fuerzas Armadas en dicho decreto y la realización de ejercicios militares sin precedentes a nivel nacional, con todo lo que ello significa para una ya sobredimensionada presencia militar en la sociedad venezolana.

Semejante decreto no tiene justificación, pues para atacar los problemas que señala existen las leyes ordinarias vigentes. La medida debe ser rechazada y denunciada ante el mundo, ya que: elimina atribuciones constitucionales del poder legislativo; criminaliza el derecho ciudadano de denunciar, cuestionar y oponerse a los abusos del poder; suspende de hecho el ejercicio de garantías constitucionales; desconoce las obligaciones internacionales de derechos humanos; prohíbe la cooperación internacional que pueda ser calificada discrecionalmente “con fines políticos” o de “desestabilización”; militariza las cadenas de producción, comercialización y distribución de alimentos; y promueve además métodos ilegales de control de orden público, entre otras acciones irregulares.

Como resultado del agravamiento de la crisis y ante la ausencia de respuestas concretas, el pueblo venezolano manifestó recientemente su masivo apoyo a la iniciativa del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución, como la vía más expedita para superarla.

En vista de todo ello, resulta indispensable establecer de común acuerdo una vía democrática que logre superar las tensiones que amenazan la paz social del país y abra las puertas a las oportunidades de corregir el rumbo del país. Cualquier iniciativa de diálogo que se adelante debe tener como condición primordial la de realizar esa consulta popular en el presente año, además de la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese del hostigamiento judicial a la disidencia.

Saludamos con beneplácito y agradecemos profundamente los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, en particular los de: la Unión Europea; el Secretario General de la OEA; la Conferencia Episcopal Venezolana; el grupo de ex presidentes y mandatarios de la región iberoamericana; parlamentarios; organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos; y diversas personalidades mundiales e intelectuales del mundo entero. Todos ellos han dado muestras de su profunda preocupación por la crítica situación venezolana, al exigir la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de encontrar una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral, exigencias que desafortunadamente solo han tenido como consecuencia la descalificación y la ofensa oficial gratuita e inmerecida.

Finalmente, hacemos un sincero llamado a retomar los caminos del diálogo, el respeto y la diplomacia, y a abandonar el fácil y estéril recurso al insulto y la descalificación como métodos para relacionarse con los diferentes actores, tanto internos como de la comunidad internacional, en aras de allanar el camino para la búsqueda de la concordia, la paz y el progreso que tanto anhela la nación.

Caracas, 22 de mayo de 2016


El Grupo Ávila es una agrupación informal, constituida en el año 2005, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de las relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

martes, 10 de mayo de 2016

El camino empedrado del revocatorio

Fernando Gerbasi


Por segunda vez la oposición le inflige una derrota al gobierno y al oficialismo. La primera fue el 6 de diciembre del año pasado, en las elecciones parlamentarias, en las que fueron electos diputados a la Asamblea Nacional 112 de los candidatos de la MUD, lo que se tradujo en una mayoría calificada. La segunda derrota ha sido recientemente con la recolección de firmas para activar el referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El madrugonazo de  la oposición al oficialismo, con la entrega temprana de 1.850.000 firmas, los ha dejado fuera de si y con la brújula política sin norte. De ahí los arrebatos de algunos líderes del PSUV y las correspondientes amenazas, en particular a los funcionarios públicos, que en lugar de ser considerados parte de una administración de Estado se les tiene por sujetos del régimen para ser usados y utilizados a su real gana y saber.

Hay que tener consciencia que llegar al referendo revocatorio antes del 10 de enero del año 2017 no es tarea fácil. Por una parte, hay que preguntarse por qué un gobierno que controla todos los poderes públicos, que está dispuesto a llevar a Venezuela a su destrucción total antes que entregar el poder, que es capaz de violar de manera reincidente la Constitución Nacional acepta que se inicien los trámites correspondientes para la realización de un referendo que revoque el mandato del presidente de la República. Por la otra, si está el CNE dispuesto a cumplir con los lapsos que el mismo estableció?

Con respecto a la primera pregunta surgen inmediatamente varias hipótesis de respuesta.

En primer lugar, el gobierno accede para crear falsas ilusiones en la espera de tiempos mejores para el propio gobierno. Por ello, puede convertir al revocatorio en una carrera de obstáculos que nunca llegará a su fin. Ello, para que el ciudadano de a pie abrigue falsas esperanzas de una cambio real a su precaria situación personal y postergue sus justificados reclamos ante la falta de comida, de medicamentos, de electricidad, de agua, de dinero para llegar a fin de mes,  de seguridad personal. La posible realización de un referendo revocatorio no sería sino una ilusión política gatopardiana.

En segundo lugar, porque hay fuertes presiones al interno del chavismo e incluso de los mandos medios de las FAN para que salga Maduro, a lo que se accedería pero sin ello correr el riesgo de perder el poder, lo que se traduciría en la realización del referendo después de enero de 2017, de forma tal que el vicepresidente de la República concluya el mandato presidencial hasta enero de 2019. En este caso no hay que pensar en que el actual vicepresidente, Aristóbulo  Istúriz ocuparía la silla presidencial hasta concluir el mandato, pareciera más lógico que quien quedará encargada fuera  la “primera combatiente”, es decir Cilia Flores, de manera tal que todo quede en familia y bajo el mismo control.

En lo que respecta a la segunda pregunta la respuesta está íntimamente vinculada a las dadas a la primera, toda vez que las Rectoras son parte de un todo, el oficialismo. Los lapsos parecieran estar destinados a no cumplirse. Nada garantiza que el revocatorio pueda realizarse en los tiempos establecidos, es decir en 175 días después de iniciarse la verificación de las firmas recientemente recogidas por la MUD.  Hace pocos días en declaraciones de la presidenta del CNE constatamos que ésta nunca se pronunció  por la realización del referendo durante el año 2016. Además,  se vislumbró que las Rectoras están dispuestas a modificar el reglamento para garantizar los derechos humanos y políticos de Nicolás Maduro. Lo que nunca dijo ni dejó entrever la presidenta del CNE es quién responde por los derechos humanos y políticos de los venezolanos.

En fin, que quede claro que la realización del referendo revocatorio está en las propias manos de los ciudadanos. La gran mayoría de los venezolanos quiere el revocatorio; los que ya firmaron en más de un 85% están dispuestos a firmar de nuevo a pesar de las amenazas recibidas. Por lo tanto, hay que seguir el camino emprendido y defender, por todos los medios a nuestro alcance,  los derechos que nos da nuestra propia Constitución.

09 de mayo de 2016.

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 Publicado en www.eldiariodelorinoco.com