Fernando
Gerbasi
Si de algo está consciente el gobierno
venezolano es de que cada día está más aislado internacionalmente. Todo el
dinero que durante años se gastaron para comprar apoyos y conciencias,
pareciera que de poco o nada les sirvió. Al gobierno venezolano o no lo apoyan
o lo repudian, como consecuencia de la permanente y sistemática violación de
los derechos fundamentales de los venezolanos; de la represión a las
manifestaciones pacíficas de los ciudadanos; por la existencia de los 96 presos
políticos y, lo más grave e inhumano, por no reconocer la crisis humanitaria en
la que estamos sumidos y su postura radicalmente opuesta a permitir y aceptar la ayuda internacional para solventarla.
Este proceso de condena se incrementó a
partir del 31 de mayo del año en curso cuando el Secretario General de la OEA,
Luis Almagro, solicitó, con base al
artículo 20 de la Carta Democrática
Interamericana, una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para
determinar si en Venezuela se ha producido “una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y se activen los
procedimientos diplomáticos que prevé la propia Carta para “promover la
normalización de la institucionalidad democrática”.
En opinión del Secretario General de la
OEA si existe una alteración del orden constitucional en Venezuela que afecta gravemente
su orden democrático, y ello lo demuestra en un amplio informe de 132 páginas en
el que analiza, de manera contundente, la situación política, ética,
institucional, así como la crisis humanitaria y la corrupción, que vive
actualmente Venezuela.
Ciertamente, solicitar una reunión del
Consejo Permanente, que está integrado por los representantes de los 34 Estados
miembros de la OEA, no significa en ningún momento la aplicación inmediata de
la Carta. Esta es una decisión que corresponde a los gobiernos de manera
colectiva, y que toma su tiempo pues la propia Carta prevé una serie de
procedimientos que deben ser puestos en práctica y que van desde los buenos
oficios para promover el retorno a la institucionalidad democrática hasta la
suspensión de la Organización, la cual
se adopta con el voto afirmativo de los dos tercios (24 votos) de los Estados
miembros de la OEA.
Ahora bien, el gobierno sabe que su
credibilidad está profundamente deteriorada por lo que si fuera aislado
hemisféricamente las consecuencias serían muy negativas, tanto desde el punto
de vista político como económico y ello fortalecería, aún más, la tesis de su
rechazo por parte de los venezolanos.
Hasta ahora Almagro le ha ganado la
batalla democrática al gobierno venezolano en todos los terrenos y, lo que es
más importante, ha generado un proceso de repudio paulatino hacia éste a nivel
del continente americano que se une al que ya existe en Europa, con particular
énfasis en España.
El gobierno, conocedor de esta situación
y guiado por el solo deseo de ganar tiempo a fin de evitar la realización del
referendo revocatorio presidencial este año, pues lo perdería así como la
subsecuente elección presidencial, ha tratado de crear el espejismo que en
nuestro país hay un diálogo entre la oposición y el gobierno. Para tales fines
cuenta con la colaboración del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper y
de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández.
La reciente Asamblea General de la OEA,
que tuvo lugar en la República Dominicana, sirvió de escenario para las
escaramuzas políticas y tácticas dilatorias por parte de las autoridades
venezolanas a fin de bloquear la invocación de la Carta Democrática en su
contra. Trataron de desacreditar al Secretario General de la OEA, no solo con
insultos sino presentando una resolución
de condena contra Almagro por excederse en sus funciones e intervenir en los
asuntos internos de los Estados Miembros, la cual fue rechazada por falta de
consenso.
En esta Asamblea General la situación de
la democracia en Venezuela, o más bien la desviación dictatorial del régimen,
fue el centro de las discusiones y decisiones. Incluso, Venezuela que tanto ha denigrado
de la OEA a lo largo de estos años recurre ahora a ella como tabla de salvación
política. Por eso propuso y logró la celebración de una reunión del Consejo
Permanente el día 21 de junio, para escuchar a los ex presidentes encabezados por
Rodríguez Zapatero, sobre el supuesto diálogo que actualmente se lleva a cabo
en nuestro país. Esta reunión se celebrará dos días antes de la prevista para
el día 23, donde Almagro presentará su argumentación demostrando que en
Venezuela ya se quebrantó el orden
constitucional por lo que hay que activar, consecuentemente, la Carta
democrática.
Zapatero, con toda seguridad y
conociendo sus afinidades políticas resaltadas recientemente por el partido
populista español Podemos, reafirmará que la única vía para solucionar los
problemas políticos, institucionales y sociales que confrontan los venezolanos
es el diálogo entre gobierno y oposición y que al respecto el y sus colegas
cuentan con respaldos importantes en la región para llevarlo a buen término,
comenzando por la Administración Obama. La intención es ganar tiempo y en
connivencia con Maduro evitar el referendo revocatorio, como si éste no
estuviera claramente previsto en la Constitución. Además, y no extrañaría,
quizás culpe a la oposición de no querer dialogar con el gobierno. En fin y
ello es muy importante, en esta reunión el gobierno venezolano tratará de
demostrar que ya existe un camino, el supuesto diálogo, y por tanto no es
necesario discutir lo de la aplicación de la Carta Democrática.
Es verdad que en la Asamblea de la OEA
en la República Dominicana quince
cancilleres, de países representativos, emitieron un comunicado que en
oportunidades no ha sido correctamente interpretado. En primer lugar porque en
el se condena implícitamente al gobierno cuando alientan “el respeto a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre
otras, la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las
instituciones democráticas” y expresan su apoyo “a la aplicación justa y
oportuna de los procedimientos constitucionales,”. Quién está irrespetando la
Constitución, quién no acepta la separación de poderes, quién no respeta el
Estado de Derecho y no permite la aplicación justa y oportuna de los
procedimientos constitucionales como el referendo revocatorio previsto en el
Artículo 72 de la Constitución?
En segundo lugar porque se ha dicho que
respaldan el diálogo entre el gobierno y la oposición. Esto es cierto y no
puede ser de otra manera pues es un mecanismo y procedimiento que tienen que
apoyar, pero este apoyo está condicionado a que el diálogo tenga lugar siempre
y cuando éste sea oportuno, nacional, incluyente y eficaz, por lo que señalan
que este proceso debe llegar a resultados positivos en un tiempo razonable.
En tercer lugar porque aceptan la
reunión del 21 de junio para escuchar a los ex presidentes y su informe pero, y
en mi opinión es más importante, reiteran su apoyo a la convocatoria de la
sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, prevista para el 23 de
junio, la que tendrá como finalidad considerar el informe presentado por
Almagro sobre la situación del orden democrático en Venezuela.
En fin, iniciamos una semana llena de
expectativas y en la que se determinarán cursos de acción, a nivel
internacional, que tendrán gran
repercusión sobre la vida nacional. Es verdad que la solución sólo está en
nuestras manos pero en un mundo globalizado e interdependiente la actitud que
asuman otros gobiernos, así como la opinión pública internacional, tendrá gran
influencia en su resolución. Los demócratas venezolanos, hoy mucho más que
ayer, cuentan con el apoyo y respaldo a nivel mundial por lo que hay que
trabajar para reforzarlo a través de la denuncia, con la verdad por delante, de
lo que ocurre día a día en nuestra querida patria.
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en @fernandogerbasi
20 de junio de 2016.
Publicado en www.elcorreodelorinoco.com
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