Fernando
Gerbasi
@fernandogerbasi
El pasado 10 de
diciembre se conmemoraron 68 años de la adopción por parte de las Naciones
Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla una variedad
de derechos que van desde los civiles y políticos hasta los sociales,
económicos y culturales, sin separaciones o diferencias entre unos y otros.
Esta Declaración fue una clara respuesta a los horrores a los que llevó al
mundo el fascismo europeo, representado esencialmente por Hitler y sus
políticas de exterminio racial; también fue parte de un nuevo orden
internacional que se estaba instaurando como consecuencia del triunfo aliado en
la segunda guerra mundial.
La cooperación
internacional en materia de derechos humanos no ha hecho que reforzarse a lo
largo de estos años. Consecuentemente, la comunidad internacional convencida de
la necesidad de darle asidero jurídico sólido ha adoptado un conjunto de
tratados internacionales para fortalecer el sistema internacional de defensa y
promoción de tales derechos entre los que cabe destacar los siguientes, los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969.
El Estado venezolano es
signatario de todos estos instrumentos adoptados con su participación activa y
consentimiento. La Constitución de 1999, en su Título III, enuncia los
principios fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos y el órgano que tiene la responsabilidad de su
promoción, vigilancia y defensa en el
país es la Defensoría del Pueblo. No obstante lo anterior, es bien sabido que
la Defensoría del Pueblo nunca ha cumplido con su cometido y que la
Constitución, por vía de interesadas interpretaciones, ha sido tergiversada y
violada en función de los intereses oficialistas.
Todos los Estados, de
conformidad con los acuerdos internacionales y de los cuales forman parte,
tienen el deber de proteger y promover todos los derechos humanos así como las
libertades fundamentales de sus ciudadanos. Estos derechos, por cierto, son
universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes, por lo que la
privación de un derecho afecta adversamente a los otros. Quienes tienen la
obligación de respetar, proteger y promover tales derechos son los Estados, por lo que quienes
están al frente de las instituciones del Estado son los responsables en esta
materia.
A partir de febrero de
2014 se desata una violenta represión contra los opositores –ahí están los
actuales 106 presos políticos-, por lo que el uso desproporcionado de la
fuerza, que trajo consigo asesinatos, tortura física, tratos degradantes,
detenciones arbitrarias, procesos políticos y persecución indiscriminada, puso
en evidencia el desprecio del gobierno por los Derechos Humanos y el Estado de
Derecho. La consecuencia directa de ello ha sido poner de manifiesto ante la comunidad internacional el carácter
dictatorial del régimen. No hay que olvidar que a raíz de todos los avances que
se han hecho en el mundo durante estos últimos 68 años en materia de derechos
humanos, los gobiernos y la opinión pública internacional, condenan y denuncian
aquellos gobiernos que irrespetan los más elementales estándares de los
derechos humanos.
En Venezuela hay una
constante y cotidiana violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tal es el caso del derecho a la vida, problema esencial y fundamental en un
país donde están ocurriendo un mínimo de más de 25.000 muertes violentas al
año, que nos coloca con una tasa de homicidios de 82 habitantes por cada 100.000, que hace de
Caracas la ciudad más violenta del mundo pero también Valencia y Maturín figuran
entre las diez primeras.
En Venezuela se está
violando el derecho fundamental a la alimentación. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya
sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo
momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. En nuestro país no hay acceso físico ni económico, por parte de la
población, a los alimentos. Lo mismo ocurre en materia de salud y al derecho
que todos tenemos de acceder a ella, ya sea a través de los sistemas de salud
pública o el acceso a los medicamentos necesarios para preservar nuestra vida.
Otro derecho fundamental que es violado por el Estado en nuestro país es
la libertad de expresión, que es la columna vertebral de cualquier sistema
democrático. En Venezuela todos aquellos que adversan al régimen y expresan sus
opiniones o ejercen su trabajo – ahí está el caso de los directivos de El
Nacional, Tal Cual y La Patilla – son perseguidos o encarcelados por sus ideas.
La oposición tiene que ser más firme y constante en la denuncia bien
fundamentada, en los foros correspondientes así como ante la opinión publica
mundial, de las innumerables violaciones por parte del régimen de los derechos
humanos en nuestro país pues esto es lo que más motiva a los gobiernos, a las
ONG y a los ciudadanos del mundo en general,
a condenar a regímenes como el
venezolano.
12 de diciembre de 2016.
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