La Conferencia Episcopal
Venezolana, mediante Comunicado de fecha 6 de mayo de 2017, alertó que en
Venezuela la violencia se ha institucionalizado, a través de su uso excesivo
por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de grupos urbanos para militares
armados, mal llamados colectivos, que actúan libremente ante la cómplice mirada
y pasividad de los órganos de seguridad del Estado.
Cada vez son más reales
los riesgos de que se instalen definitivamente
escenarios de mayor violencia e ingobernabilidad y, en tal sentido,
pareciera que el régimen de Nicolás Maduro diseña una estrategia peligrosa para
justificar con ello la definitiva toma absoluta del poder político en
Venezuela.
Como bien lo ha descrito la
Conferencia Episcopal Venezolana, el uso de la represión ha sido excesivo, al
punto de que no sólo se limita a reprimir a quienes protestan, sino que llega
incluso a convertir en blanco a grupos familiares, instituciones educativas,
conjuntos residenciales, y hasta centros de salud.
El riesgo de desatar una
violencia incontrolable se agrava con el anuncio de incorporar a los miembros
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la defensa integral de la
Nación a través de un denominado
Plan Defensivo Territorial, que incluiría su entrenamiento militar.[1]
Este anuncio genera alarma, en
especial si se interpreta a la luz del
Comunicado Oficial del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
de fecha 18 de abril de 2017, en el que se advierte sobre un plan contra los
intereses de la nación, a través del cual se pretendería ejecutar una agenda
criminal y cargada de odio que implicaría actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo y otras
formas de violencia contra personas inocentes e instalaciones públicas.
En ese Comunicado, la FANB
reconoce la existencia de bandas violentas, pero además, formula una acusación
contra algunos diputados de la Asamblea Nacional, a quienes califica como
desestabilizadores e insurrectos, argumentando que han minado la
institucionalidad del Estado y han obstruido la gestión del Poder Ejecutivo.
El contenido de tal Comunicado
Oficial siembra profundas dudas sobre el papel de la FANB como actor al
servicio de toda la Nación y no de parcialidad política alguna, como
expresamente lo ordena la Constitución vigente.
El Gobierno pareciera
buscar que circunstancias extraordinarias en el ámbito político, social y
económico, le permitan justificar la aplicación de algunas medidas como el
anunciado Plan Zamora, a través del cual
pretende someter a la jurisdicción militar a
los civiles detenidos en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica y
legítima[2], como ya ha
sucedido en varios estados, y frente a lo cual el Ministerio Público se está
pronunciando en contra.
Precisamente
en el Decreto que convoca a una Asamblea Constituyente y en el Comunicado
mediante el cual la FANB respalda esa iniciativa, está muy claro que uno de los
argumentos en los que se soporta la necesidad de impulsar ese mecanismo de
reforma constitucional es precisamente la amenaza al orden constitucional, por
parte de actores presuntamente antidemocráticos, que amenazarían con la fragmentación
del tejido social.
Peligrosamente
se va construyendo una narrativa política desde el Estado, que a todas luces se
orienta a consolidar la militarización del Poder Político en Venezuela y a
destruir cualquier forma de oposición política democrática, narrativa que pareciera
calcada de la utilizada por las dictaduras militares que asolaron a nuestra
región en tiempos pasados.
La Comunidad
internacional debería estar atenta a esta deriva militarista dictatorial para
actuar en consecuencia.
Caracas, 10 de mayo de
2017
El Grupo Ávila es
una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos,
profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones
internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer
internacional y nacional.
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