martes, 19 de julio de 2016

Los impedimentos al diálogo.

Fernando Gerbasi

Hace casi dos meses escribíamos con relación al diálogo que se quiere instaurara en nuestro país entre el gobierno y la oposición, que “En toda sociedad estructurada y democrática el diálogo entre las partes interesadas es la base y fundamento del entendimiento y progreso. La paz y la concordia política y social, sólo se alcanza a través del diálogo.” Pero todo ejercicio de esta naturaleza debe cumplir con un mínimo de condiciones que son necesarias para que el proceso funcione.

En primer lugar, las partes deben reconocerse y respetarse las unas a las otras como interlocutores válidos. En segundo lugar, en el caso de existir mediadores  que traten de facilitar el diálogo estos deben ser escogidos paritariamente por las partes y nunca impuestos. En tercer lugar, se debe establecer la finalidad del diálogo para que éste no se convierta en un ejercicio vacuo. De esto último se deriva la conveniencia de adoptar, tan pronto como posible, una agenda, una metodología de trabajo y convenir un tiempo predeterminado para alcanzar el o los objetivos fijados.

El proceso que se adelanta en Venezuela y que tiene el respaldo internacional, en particular de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la gran mayoría de los países latinoamericanos, adolece de fallas estructurales que cada día lo hacen más inviable.

El gobierno, desconociendo totalmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela base y fundamento para alcanzar cualquier acuerdo,  no reconoce a la oposición y de ello hay múltiples y variadas pruebas. A pesar que la oposición, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015,  obtuvo la mayoría calificada, el ejecutivo, que controla a los otros poderes públicos ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia, especialmente su sala Constitucional, para desconocer las decisiones de la nueva Asamblea Nacional e incluso generar una innecesaria lucha de poderes. Pero lo más significativo y de lo que todos tenemos consciencia, es que el gobierno tan sólo dialoga para ganar tiempo y así  evitar la realización del referendo revocatorio presidencial en el transcurso del 2016, lo que se traduciría no solo en una pérdida de la presidencia sino específicamente del poder.

El triunvirato de ex presidentes mediadores, cuyo jefatura y vocería ha asumido el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, fue impuesto por el gobierno y la UNASUR. Por lo tanto no ha sido escogido por las partes ni conforman una representación equilibrada. Desde la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 22 ex jefes de Estado y de gobierno han venido pronunciándose sobre la dramática situación que vive Venezuela y que cada día empeora más, pero su opinión, y particularmente su representatividad, no ha sido tomada en cuenta. Existe la posibilidad que el Vaticano pase a formar parte de los mediadores lo que sin duda sería una valiosa incorporación.

No obstante todo lo anterior, el impedimento  mayor que tiene el diálogo es la postura asumida por el señor Rodríguez Zapatero. Su actitud y declaraciones hacen que se le vea parcializado a favor del gobierno y que lo que persigue, al igual que éste, es ganar tiempo para que, entre otras cosas, el revocatorio no tenga lugar en el 2016 o no se llegue a realizar nunca. Tampoco hay que descartar que le haga el juego a intereses foráneos que solo piensan en sus réditos geopolíticos y en los que la evolución de la situación político-económica de Venezuela es esencial para el logro de sus objetivos. Nos referimos al esfuerzo de la administración Obama para mejorar las relaciones con Cuba y dejar este importante logro diplomático como un éxito histórico de su gobierno. Si Venezuela no sigue colaborando económicamente con Cuba todo se puede ir al traste. Sabemos por declaraciones del propio Raúl Castro cuán dependiente está la economía cubana de la venezolana.

Si  hasta hace muy poco Rodríguez Zapatero mantuvo un silencio que para muchos era auspicioso, ante la avalancha de criticas recibidas, particularmente por parte de miembros destacados de la oposición venezolana, ha comenzado a dar declaraciones, tanto en Venezuela como en España, que en lugar de aclarar y explicar su tarea la han hecho más confusa. Para él, el revocatorio es algo secundario, que puede tener lugar o no. En su presentación ante el Consejo de Representantes de la OEA ni lo mencionó pero recientemente en Telesur declaró que “Da igual que no hubiera revocatorio”. Cómo contrasta esta visión de lo que ocurre en Venezuela con la del estadista español Felipe González, quien escribió al respecto: “El primer elemento del diálogo es, por eso, el respeto a la Constitución, a la división de poderes y el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas en ella. Si esto fuera así, estaría fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el “revocatorio” y las instituciones como el CNE tendrían que cumplir en tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, salvo que incurran en prevaricación en sus funciones. Este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio.” Hay que tener presente que el revocatorio de Maduro no es primordial solamente para la oposición, lo es esencialmente para los venezolanos – incluyendo a prominentes y no prominentes chavistas -, ahí están los dos millones de firmas de los venezolanos que lo avalan cuando tan sólo eran necesarias unas 197.978, para iniciar el proceso.

Rodríguez Zapatero no ha sabido interpretar adecuadamente lo que ocurre en Venezuela, tanto a nivel político,  como social y económico. Por lo que declara, todo se reduce a lo económico y por eso presupone que el diálogo resuelva esta situación. Con esta limitada visión del estado de cosas desconoce que es el gobierno quien tiene que cambiar radicalmente de políticas o, como piensa la gran mayoría de los venezolanos, mejor es cambiar de gobierno para poder cambiar esas políticas erradas, que nos han llevado a situaciones desesperadas como el río humano  formado por 132.000 venezolanos que en un fin de semana atravesaron  la frontera con Colombia, para poder comprar alimentos y medicinas.

En Venezuela hay dos crisis. La política, como consecuencia de un régimen que se aferra al poder y la humanitaria, derivada de las pésimas políticas públicas puestas en práctica a lo largo de los últimos 17 años. Quien no tenga consciencia de ello no comprende lo que ocurre y por tanto no puede sugerir soluciones.

19 de julio de 2016.
Publicado en: www.elcorreodelorinoco


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miércoles, 6 de julio de 2016

¿Habrá gobierno en España?


Fernando Gerbasi

España ha sido el segundo país europeo que regresó a las urnas para elegir a los miembros de su parlamento, a fin de dotarse de un gobierno. Grecia lo hizo en el 2012.
 
A raíz de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, los distintos partidos políticos fueron incapaces de lograr acuerdos que permitieran investir un nuevo gobierno. Consecuentemente, el Rey Felipe VI tuvo que disolver el Congreso de los Diputados y el Senado y convocar a nuevas elecciones generales el 26 de junio de este año. Esta decisión la tomó  de conformidad con el inciso 5 del articulo 99 de la Constitución: "Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviere la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso"
 
Las razones para el fracaso, después de las elecciones de diciembre de 2015, son muchas. Ellas van desde la decisión de Mariano Rajoy de no aceptar el ofrecimiento del Rey para formar gobierno, hasta el rechazo de Podemos a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos, encabezado por Pedro Sánchez. No obstante, detrás de ciertas posturas se escondían estrategias que en unos casos rindieron frutos y en otros no.
 
El Partico Popular consideró que lo más pertinente era dejar que el PSOE, en cabeza de Pedro Sánchez, no lograra su objetivo de presidir el gobierno, particularmente por la líneas rojas que su propio partido le había puesto a un posible entendimiento con Podemos. El PP apostó a unas nuevas elecciones, a una polarización izquierda/derecha con Podemos, y a la fidelidad del voto moderado. Todo eso lo logró el 26-J, al obtener un triunfo incontestable cuya responsabilidad recae solamente en la persona de Mariano Rajoy. El PP aumentó en votos y obtuvo 14 diputados más para un total de 137.
 
El PSOE, partiendo de la tesis que la gran mayoría de españoles querían un cambio que pasaba por la salida de Rajoy y el PP del gobierno, buscó mantenerse como la primera fuerza política de izquierda. Negoció un amplio acuerdo con Ciudadanos, y buscó  el apoyo de Podemos. Al fracasar en su empeño Pedro Sánchez, el PSOE perdió votos y cinco diputados el 26-J, obteniendo así el peor resultado electoral de su historia al tener una bancada de tan sólo 85 diputados.
 
Para Ciudadanos el acuerdo con el PSOE era una demostración de su capacidad de entendimiento, incluso con una fuerza política opuesta a sus ideales, a favor del cambio y de los intereses generales que habían defendido, en particular la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Esta estrategia fue errada. El 26-J los votantes de derecha y centro prefirieron al original y votaron PP. Consecuentemente, Ciudadanos cayó en votos y perdió 8 diputados quedándose tan solo con 32. Disminuyó sensiblemente su fuerza política.
 
Podemos quiso subsumir al PSOE como parte de sus tesis y llevarlo al gobierno con una paridad de cargos y responsabilidades que no se justificaba. La idea era desplazar al PSOE como primera fuerza de izquierda. Consecuentemente, para las elecciones del 26-J, fue en asociación con Izquierda Unida (IU), y llegó a pensar que no sólo pasaría al PSOE sino que incluso le ganaría al PP. Pablo Iglesias se vio presidente del gobierno español. Este pacto con IU fue un verdadero descalabro electoral, del cual parecen no reponerse todavía. Perdieron 1,2 millones de votos aunque mantuvieron el mismo número de diputados que tenían anteriormente, 71,  al sumarse a sus 69 los 2 de IU.
 
Mariano Rajoy está decidido, esta vez, a formar gobierno. El puede lograrlo con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Esto le daría un total de 175 diputados, tan sólo a uno de la mayoría absoluta necesaria de 176. La decisión final recaería en el PSOE, que a pesar de las declaraciones de importantes líderes regionales contrarios a apoyar al PP, pudiera abstenerse en una segunda vuelta de investidura, o decidir que uno o varios de sus diputados se ausentarán de la sala para facilitar  la investidura de un nuevo gobierno presidido por Rajoy.
 
Ciertamente la política es volátil e impredecible pero lo que si parece indiscutible es que ningún partido quiere ir a unas terceras elecciones. Eso sería una bofetada a los electores españoles, y daría una pésima imagen de inestabilidad política de España, afectaría la senda del crecimiento que el país, mal que bien, ha tomado durante los dos últimos años, así como su capacidad de influir en las decisiones de la Unión Europea, que serán de la mayor importancia a raíz del Brexit.
 
Todo indica que de verse obligados a ir a unas terceras elecciones, los partidos PSOE, Podemos y Ciudadanos sufrirían una fuerte derrota, perdiendo votos y escaños en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Partido Popular tendría todas las de ganar e incluso de volver a alcanzar la mayoría absoluta, al igual que  durante la pasada legislatura.
 
Con toda seguridad habrá gobierno en España pero no será en las próximas semanas o meses. Quizás más hacia septiembre u octubre.
 
5 de julio de 2016.
 
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lunes, 20 de junio de 2016

Una semana decisiva

Fernando Gerbasi


Si de algo está consciente el gobierno venezolano es de que cada día está más aislado internacionalmente. Todo el dinero que durante años se gastaron para comprar apoyos y conciencias, pareciera que de poco o nada les sirvió. Al gobierno venezolano o no lo apoyan o lo repudian, como consecuencia de la permanente y sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos; de la represión a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos; por la existencia de los 96 presos políticos y, lo más grave e inhumano, por no reconocer la crisis humanitaria en la que estamos sumidos y su postura radicalmente opuesta  a permitir y aceptar  la ayuda internacional para solventarla.

Este proceso de condena se incrementó a partir del 31 de mayo del año en curso cuando el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitó,  con base al artículo 20  de la Carta Democrática Interamericana, una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para determinar si en Venezuela se ha producido “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y se activen los procedimientos diplomáticos que prevé la propia Carta para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

En opinión del Secretario General de la OEA si existe una alteración del orden constitucional en Venezuela que afecta gravemente su orden democrático, y ello lo demuestra en un amplio informe de 132 páginas en el que analiza, de manera contundente, la situación política, ética, institucional, así como la crisis humanitaria y la corrupción, que vive actualmente Venezuela.

Ciertamente, solicitar una reunión del Consejo Permanente, que está integrado por los representantes de los 34 Estados miembros de la OEA, no significa en ningún momento la aplicación inmediata de la Carta. Esta es una decisión que corresponde a los gobiernos de manera colectiva, y que toma su tiempo pues la propia Carta prevé una serie de procedimientos que deben ser puestos en práctica y que van desde los buenos oficios para promover el retorno a la institucionalidad democrática hasta la suspensión de la Organización,  la cual se adopta con el voto afirmativo de los dos tercios (24 votos) de los Estados miembros de la OEA.

Ahora bien, el gobierno sabe que su credibilidad está profundamente deteriorada por lo que si fuera aislado hemisféricamente las consecuencias serían muy negativas, tanto desde el punto de vista político como económico y ello fortalecería, aún más, la tesis de su rechazo por parte de los venezolanos.

Hasta ahora Almagro le ha ganado la batalla democrática al gobierno venezolano en todos los terrenos y, lo que es más importante, ha generado un proceso de repudio paulatino hacia éste a nivel del continente americano que se une al que ya existe en Europa, con particular énfasis en España.

El gobierno, conocedor de esta situación y guiado por el solo deseo de ganar tiempo a fin de evitar la realización del referendo revocatorio presidencial este año, pues lo perdería así como la subsecuente elección presidencial, ha tratado de crear el espejismo que en nuestro país hay un diálogo entre la oposición y el gobierno. Para tales fines cuenta con la colaboración del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández.

La reciente Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en la República Dominicana, sirvió de escenario para las escaramuzas políticas y tácticas dilatorias por parte de las autoridades venezolanas a fin de bloquear la invocación de la Carta Democrática en su contra. Trataron de desacreditar al Secretario General de la OEA, no solo con insultos  sino presentando una resolución de condena contra Almagro por excederse en sus funciones e intervenir en los asuntos internos de los Estados Miembros, la cual fue rechazada por falta de consenso.

En esta Asamblea General la situación de la democracia en Venezuela, o más bien la desviación dictatorial del régimen, fue el centro de las discusiones y decisiones. Incluso, Venezuela que tanto ha denigrado de la OEA a lo largo de estos años recurre ahora a ella como tabla de salvación política. Por eso propuso y logró la celebración de una reunión del Consejo Permanente el día 21 de junio, para escuchar a los ex presidentes encabezados por Rodríguez Zapatero, sobre el supuesto diálogo que actualmente se lleva a cabo en nuestro país. Esta reunión se celebrará dos días antes de la prevista para el día 23, donde Almagro presentará su argumentación demostrando que en Venezuela ya se quebrantó  el orden constitucional por lo que hay que activar, consecuentemente, la Carta democrática.

Zapatero, con toda seguridad y conociendo sus afinidades políticas resaltadas recientemente por el partido populista español Podemos, reafirmará que la única vía para solucionar los problemas políticos, institucionales y sociales que confrontan los venezolanos es el diálogo entre gobierno y oposición y que al respecto el y sus colegas cuentan con respaldos importantes en la región para llevarlo a buen término, comenzando por la Administración Obama. La intención es ganar tiempo y en connivencia con Maduro evitar el referendo revocatorio, como si éste no estuviera claramente previsto en la Constitución. Además, y no extrañaría, quizás culpe a la oposición de no querer dialogar con el gobierno. En fin y ello es muy importante, en esta reunión el gobierno venezolano tratará de demostrar que ya existe un camino, el supuesto diálogo, y por tanto no es necesario discutir lo de la aplicación de la Carta Democrática.

Es verdad que en la Asamblea de la OEA en la  República Dominicana quince cancilleres, de países representativos, emitieron un comunicado que en oportunidades no ha sido correctamente interpretado. En primer lugar porque en el se condena implícitamente al gobierno cuando alientan “el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre otras, la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas” y expresan su apoyo “a la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales,”. Quién está irrespetando la Constitución, quién no acepta la separación de poderes, quién no respeta el Estado de Derecho y no permite la aplicación justa y oportuna de los procedimientos constitucionales como el referendo revocatorio previsto en el Artículo 72 de la Constitución?

En segundo lugar porque se ha dicho que respaldan el diálogo entre el gobierno y la oposición. Esto es cierto y no puede ser de otra manera pues es un mecanismo y procedimiento que tienen que apoyar, pero este apoyo está condicionado a que el diálogo tenga lugar siempre y cuando éste sea oportuno, nacional, incluyente y eficaz, por lo que señalan que este proceso debe llegar a resultados positivos en un tiempo razonable.

En tercer lugar porque aceptan la reunión del 21 de junio para escuchar a los ex presidentes y su informe pero, y en mi opinión es más importante, reiteran su apoyo a la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, prevista para el 23 de junio, la que tendrá como finalidad considerar el informe presentado por Almagro sobre la situación del orden democrático en Venezuela.

En fin, iniciamos una semana llena de expectativas y en la que se determinarán cursos de acción, a nivel internacional,  que tendrán gran repercusión sobre la vida nacional. Es verdad que la solución sólo está en nuestras manos pero en un mundo globalizado e interdependiente la actitud que asuman otros gobiernos, así como la opinión pública internacional, tendrá gran influencia en su resolución. Los demócratas venezolanos, hoy mucho más que ayer, cuentan con el apoyo y respaldo a nivel mundial por lo que hay que trabajar para reforzarlo a través de la denuncia, con la verdad por delante, de lo que ocurre día a día en nuestra querida patria.

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20 de junio de 2016.





martes, 7 de junio de 2016

La misión de Zapatero

Fernando Gerbasi


José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español (2004 – 2011) y muy afín en esos años de los gobiernos de la llamada nueva izquierda latinoamericana, en especial del de Hugo Chávez, así como del cubano, ha asumido el reto de actuar como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición  en la búsqueda de un diálogo entre las partes. Misión no  exenta de importantes escollos.

El 16 de mayo, luego de participar como observador internacional en el proceso electoral de la República Dominicana, desembarcó en Venezuela, atendiendo una invitación del gobierno venezolano y también del Secretario General de la UNASUR, conjuntamente con los ex presidentes Leonel Fernández, de la República Dominicana, y Omar Torrijos, de Panamá, para dar inicio a un proceso de mediación en la crisis venezolana. Empero, desde un inicio la misión de Zapatero tiene, como mínimo,  cuatro hándicaps muy fuertes en su contra. En primer lugar, que ella responde a una solicitud expresa del gobierno sin haber consultado a la oposición. En segundo lugar, que el otro convocante, Samper o UNASUR, no tienen ni el prestigio ni la independencia moral para actuar como convocantes en la búsqueda de soluciones  a la situación venezolana. En tercer lugar, que el gobierno y el oficialismo, por sus públicas actuaciones han dado muestras fehacientes de no estar interesados en encontrar  una salida convenida a la terrible crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país, como consecuencia de las malas políticas públicas impuestas por el chavismo. Lo que quieren es ganar tiempo para continuar, de una u otra manera,  en el poder. El cuarto hándicap, y en mi opinión el más relevante, son las condiciones impuestas por la Mesa de la Unidad Democrática para aceptar participar en un diálogo.

Estas condiciones, recordemos, son las siguiente: La realización, en el 2016, del referendo revocatorio, tal como lo establece el Artículo 72  de la Constitución, para encontrarle una solución pacífica y democrática a la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. En segundo lugar está la libertad de los presos políticos, el cese de la judicialización por persecución política y el retorno de los exiliados. Luego se exige que el gobierno admita  la ayuda internacional en medicinas y alimentos para atender con urgencia la crisis humanitaria.  Y finalmente, la MUD considera esencial el respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a la Asamblea Nacional, por parte del gobierno que desde diciembre de 2015 no ha hecho sino violar la Constitución, irrespetar a la AN y controlar y manipular los poderes, en particular al TSJ, para beneficio de sus intereses políticos.

De todo esto tiene claro conocimiento el señor José Luis Rodríguez Zapatero.

Recientemente Zapatero regresó a Caracas, donde sostuvo encuentros con el gobierno, con representantes de la MUD incluyendo su secretario ejecutivo, y finalmente lo más resaltante, logró visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde.

Llama la atención que el gobierno autorizara esta visita mientras le negó esa posibilidad, ciertamente en el marco de otras condiciones, a los ex presidentes Felipe González, Andrés Pastrana y Sebastián Piñera. No obstante, ella es importante pues es el reconocimiento implícito del carácter de preso político de Leopoldo López. Un político sólo dialoga con un político.

No hay malicia, mala voluntad o prejuicio cuando uno se pregunta por qué y para qué el gobierno accedió. ¿Cuál es y fue la real intención de Zapatero al entrevistarse con Leopoldo? ¿Comprender qué, en el marco del proceso de mediación? O, ¿qué le propuso y a cambio de qué?

Hasta ahora solo conocemos, por las redes sociales, la versión del propio Leopoldo López, quien subraya que  Zapatero es  el único que ha sido autorizado por el gobierno a visitarlo, mientras que otros que lo han solicitado en los dos últimos años no han podido hacerlo. Ante Zapatero muestra una vez más la firmeza de carácter que lo caracteriza y la reciedumbre de los ideales y principios democráticos que motivan su lucha por Venezuela. Reafirma las condiciones expuestas por la MUD para aceptar un diálogo. Por ello insistió, una vez más, que el pueblo venezolano quiere el cambio constitucional en el 2016, es decir, que se realice el referendo revocatorio. Le explicó porqué era fundamental liberar a los presos políticos. Que el diálogo no podía instaurarse para permitirle al gobierno ganar tiempo y exigió de este último que autorice a otros ex presidentes a visitarlos, así como a la Conferencia Episcopal y a la Unidad. En fin, Leopoldo López fue, como siempre, coherente consigo mismo y con la Unidad.

Hasta ahora el mediador ha actuado con mucho sigilo, lo que sería habitual si atendiese un proceso normal de intermediación solicitado por ambas partes. Pero, reiteramos, este no es el caso. Por ello, tanto a nivel nacional como internacional, incluso en España, mucha gente recela o ve con profunda desconfianza el proceso que adelanta Rodríguez Zapatero. Este pareciera no tener consciencia que el  gobierno venezolano no ha dado pruebas de querer un verdadero diálogo tendente a encontrar solución urgente a los ingentes problemas que afectan a diario a los ciudadanos. El gobierno lo que quiere es ganar tiempo, como lo buscó en el pasado cuando el mediador fue el Secretario General de la OEA, en el 2003. El gobierno se ha burlado abiertamente de la voluntad popular al no aceptar y boicotear las decisiones de la Asamblea Nacional.

En fin, todo parece indicar que la misión de Rodríguez Zapatero, que intenta mediar en la crisis venezolana a través de un diálogo entre la oposición representada en la MUD y el gobierno, está destinada a ser un fiasco. Ello no necesariamente por su culpa, sino esencialmente por la intransigencia del gobierno y de los oficialistas. Sin embargo, un hombre con la trayectoria política de Zapatero debería ser más cauto y no aceptar encomiendas a la ligera, solo porque ve con simpatía a una de las partes.

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7 de junio de 2016