La grave crisis que agobia
a Venezuela, en lugar de encaminarse a una solución perentoria, se acentúa. La
delicada situación económica-financiera se empeora con el transcurrir de los
días. Las penurias de la población no cesan, más bien, se acrecientan, y el
repudio al gobierno también, al punto de que 8 de cada 10 venezolanos desean
que termine.
Frente a este cuadro social
alarmante, el gobierno nacional permanece insensible e impasible,
reafirmándose, de manera irracional, en políticas que profundizan un estado de
cosas al borde de la anarquía, cargado de una conflictividad que amenaza con
convertir al país en un caos y en foco de inestabilidad para nuestro
hemisferio.
La erosión casi total de la
institucionalidad democrática y la posibilidad de que el país se quede sin
opciones para resolver la crisis dentro del marco constitucional, justifican
que el tema sea de especial preocupación para la comunidad internacional.
Sin embargo, la
indispensable restauración del orden constitucional para poder superar la
crisis, se ve impedida por una conducta autoritaria expresada en un creciente
hostigamiento gubernamental y judicial en contra de la oposición. Resulta
particularmente alarmante que las iniciativas gubernamentales al iniciarse el
nuevo año exacerben la progresiva militarización de la sociedad, la
radicalización de la confrontación ideológica, la continua represión del
disenso, la profundización de las violaciones de los derechos humanos y el
sistemático rechazo a todo intento de desactivación de las tensiones que
continúan acumulándose en la sociedad, sin mencionar el agravamiento de las
condiciones económicas para la gran mayoría de la población.
Resulta inaceptable que el
gobierno de Venezuela no haya respetado los compromisos adquiridos en los encuentros
sostenidos en 2016 entre sus representantes y los de la oposición, con la
participación de tres ex presidentes invitados por el gobierno, a los cuales se
agregó luego la Santa Sede, como invitado de ambas partes. La mejor prueba de
ello es el desconocimiento de la representatividad popular de la Asamblea
Nacional y sus decisiones constitucionales y la serie de atropellos a
parlamentarios ocurridos en los últimos días, siendo los casos más resaltantes
los de los diputados Gilber Caro, detenido arbitrariamente, Luis Florido y
Williams Dávila, cuyos pasaportes fueron anulados.
Ante la pretensión del
régimen de continuar conversaciones en términos inaceptables, saludamos la
decisión de la MUD de considerar cerrado el ejercicio, preservando la
determinación de participar en una verdadera iniciativa de diálogo y/o
negociación que ofrezca soluciones inequívocas.
En ese caso, alertamos que
sería necesario que nuestros representantes la aborden con objetivos claros y
compartidos, y que se incorporen desde el inicio los elementos indefectibles,
reconocidos y aplicados en la vasta experiencia mundial en la materia, para
poder aspirar a resultados efectivos. A tal efecto, debe respetarse el
principio de igualdad entre las partes, comenzando por la escogencia de los
intermediarios a quienes se debe exigir concertar unas reglas operativas
mínimas, tales como una agenda concreta y clara, las presencias admisibles en
las sesiones, la manera de anunciar los potenciales acuerdos y el insoslayable
mecanismo de seguimiento, entre otras elementales condiciones relativas a un
diálogo que aspire a lograr soluciones viables, consensuadas y eficaces, que
eviten males mayores.
Al iniciarse un nuevo año,
es necesario impedir que la dispersión de iniciativas, las carencias del liderazgo
y las vocerías múltiples en el seno de la oposición democrática, debiliten
nuestras posiciones e imagen de seriedad y consistencia en la lucha por la
democracia en Venezuela, de cara a la opinión internacional.
A nuestro juicio, esta
compleja situación exige por parte de la Mesa de la Unidad Democrática una
actitud transparente, firme y coherente que ayude a superar la desconfianza
ciudadana, con miras a seguir procurando una salida democrática,
constitucional, electoral y pacífica a la enorme crisis política y social que
abruma al país, con vista a abrir caminos ciertos a un nuevo gobierno que
recupere la institucionalidad, la vigencia plena del Estado de derecho y
enrumbe al país por los senderos de prosperidad material anhelados por todos.
La Mesa de la Unidad
Democrática, inspirada por un incontestable espíritu unitario, debe abrir sus
comisiones a la participación de independientes, dirigentes de la sociedad
civil, académicos y ciudadanos en general que quieran proponer y colaborar en
la consecución de tales objetivos. Si bien el asambleísmo y el tumulto han
resultado ser poco provechosos en la larga lucha democrática venezolana, por la
dispersión que puede crear, esto podría evitarse con la generación de vocerías
ordenadas y la estructuración de discursos bien diseñados con objetivos claros
y precisos, que junto a una adecuada instrumentación comunicacional,
eliminarían la angustia ciudadana y la posibilidad de que manipulaciones
malsanas y perversas de los laboratorios del régimen, consigan desarticular la
lucha.
De manera especial, es
perentorio hacer nuevamente un llamado a la OEA para que a la brevedad haga una
evaluación colectiva de la dramática situación existente y exija avances
concretos y continuos en el proceso de un diálogo político en pro de la plena
restauración de la democracia en Venezuela, recordando al efecto que la Carta
Democrática Interamericana se compromete a impulsar soluciones en situaciones
de crisis y a tomar las medidas del caso cuando la democracia haya sido abolida
de hecho en alguno de sus países miembros.
Reiteramos nuestra
disposición a colaborar en lo que sea necesario para ayudar a la Mesa de la
Unidad Democrática en las distintas iniciativas que emprenda en el área
internacional y en particular, en las medidas correctivas de restructuración
organizativa que está adoptando para hacer efectivos los propósitos trazados de
recuperación de las libertades democráticas en nuestro país.
Caracas,
8 de febrero 2017
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