Venezuela atraviesa
la crisis política, económica, social, sanitaria, alimentaria e institucional
más compleja de su historia, dentro de un entorno económico internacional
desfavorable, exacerbado por su desmesurada dependencia del ingreso petrolero,
y la negativa gubernamental de reconocer y asumir su existencia y gravedad.
Al mismo tiempo, el
gobierno persiste en desdeñar a la oposición democrática como interlocutor
válido y desconoce además la voluntad popular manifestada en las elecciones
parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados constituyen un inequívoco
mandato de la soberanía popular.
Como resultado de
una actitud intransigente y del sistemático desconocimiento y entorpecimiento
de las funciones y decisiones de la Asamblea Nacional, se sigue erosionando la
gobernabilidad y la paz social del país, en medio del continuado deterioro de
la ya menguada institucionalidad democrática, generando con ello mayores
tensiones políticas y sociales, que ya no solo amenazan la tranquilidad
interna, sino que podrían también afectar a algunos de nuestros vecinos de la
región.
Frente a ello, la
oposición ha dado innumerables muestras de su voluntad de participar en un
diálogo con las autoridades gubernamentales, incluyendo la mediación de actores
externos imparciales confiables para ambas partes; sin embargo, la ausencia de
un claro reconocimiento del adversario, sin lo cual ningún diálogo tendría
razón de ser ni denotaría una verdadera voluntad de negociar, la ha llevado a
proponer vías pacíficas, dirigidas a tratar de superar dicha crisis, las cuales
se decantaron finalmente por la solicitud de convocar al referéndum revocatorio
presidencial previsto en el artículo 72 de la Constitución.
En este contexto, la
adopción de un nuevo decreto de excepción y emergencia económica introduce un
elemento de crispación que se añade a la escalada gubernamental de las
tensiones políticas, resultantes de las numerosas acciones antidemocráticas e
inconstitucionales.
A lo anterior
debemos señalar el peligroso y creciente papel otorgado a las Fuerzas Armadas
en dicho decreto y la realización de ejercicios militares sin precedentes a
nivel nacional, con todo lo que ello significa para una ya sobredimensionada
presencia militar en la sociedad venezolana.
Semejante decreto no
tiene justificación, pues para atacar los problemas que señala existen las
leyes ordinarias vigentes. La medida debe ser rechazada y denunciada ante el
mundo, ya que: elimina atribuciones constitucionales del poder legislativo;
criminaliza el derecho ciudadano de denunciar, cuestionar y oponerse a los
abusos del poder; suspende de hecho el ejercicio de garantías constitucionales;
desconoce las obligaciones internacionales de derechos humanos; prohíbe la cooperación internacional que pueda ser
calificada discrecionalmente “con fines políticos” o de “desestabilización”;
militariza las cadenas de producción, comercialización y distribución de alimentos;
y promueve además métodos ilegales de control de orden público, entre
otras acciones irregulares.
Como resultado del
agravamiento de la crisis y ante la ausencia de respuestas concretas, el pueblo
venezolano manifestó recientemente su masivo apoyo a la iniciativa del
referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución, como la vía
más expedita para superarla.
En vista de todo
ello, resulta indispensable establecer de común acuerdo una vía democrática que
logre superar las tensiones que amenazan la paz social del país y abra las
puertas a las oportunidades de corregir el rumbo del país. Cualquier iniciativa
de diálogo que se adelante debe tener como condición primordial la de realizar
esa consulta popular en el presente año, además de la libertad de los presos
políticos, el retorno de los exiliados y el cese del hostigamiento judicial a
la disidencia.
Saludamos con
beneplácito y agradecemos profundamente los esfuerzos realizados por la
comunidad internacional, en particular los de: la Unión Europea; el Secretario
General de la OEA; la Conferencia Episcopal Venezolana; el grupo de ex
presidentes y mandatarios de la región iberoamericana; parlamentarios;
organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos; y diversas
personalidades mundiales e intelectuales del mundo entero. Todos ellos han dado
muestras de su profunda preocupación por la crítica situación venezolana, al
exigir la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y
la necesidad de encontrar una salida democrática, constitucional, pacífica y
electoral, exigencias que desafortunadamente solo han tenido como consecuencia
la descalificación y la ofensa oficial gratuita e inmerecida.
Finalmente, hacemos
un sincero llamado a retomar los caminos del diálogo, el respeto y la
diplomacia, y a abandonar el fácil y estéril recurso al insulto y la
descalificación como métodos para relacionarse con los diferentes actores,
tanto internos como de la comunidad internacional, en aras de allanar el camino
para la búsqueda de la concordia, la paz y el progreso que tanto anhela la
nación.
Caracas, 22 de mayo de 2016
El Grupo Ávila es una agrupación
informal, constituida en el año 2005, compuesta por diplomáticos, analistas
políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de las relaciones
internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer
internacional y nacional.
