Culmina un nuevo año de la acción internacional de
Nicolás Maduro con un balance lamentable. Para el Grupo Ávila, ha sido la
reiteración de una política exterior errática, de confrontación, improvisada y
con visibles contradicciones que han traído como consecuencia el creciente
desprestigio y aislamiento de Venezuela en la escena internacional.
En rigor, una actuación internacional dominada por el
debilitamiento de las alianzas construidas con base en los recursos financieros
de Venezuela, a lo cual contribuyeron los cambios geopolíticos que sucedieron
en varios países de la región.
En tal sentido, durante el 2016 la diplomacia
bolivariana perdió a dos de sus aliados fundamentales: el ascenso de Mauricio
Macri como presidente de Argentina y la destitución de Dilma Roussef en Brasil
lo que no solo aumento su aislamiento internacional sino que agudizó las
tensiones en varios frentes, sobre todo con los socios de Mercosur.
La crisis
venezolana y las reacciones de la comunidad internacional.
La crisis política que vive el país rebasó las
fronteras y el gobierno se vio crecientemente enfrentado a una comunidad internacional
que, preocupada por el deterioro y agudización de la situación política en
Venezuela, observaba con inquietud y consternación el giro
autoritario del régimen venezolano; las graves
violaciones a los derechos humanos; la exacerbada polarización y fractura de la
sociedad. En el fondo se trataba de invocar los esfuerzos de la diplomacia para intentar encontrar una
solución al conflicto.
Para no pocos analistas internacionales, la crisis
en desarrollo en Venezuela significaba poner a prueba los mecanismos regionales
de fortalecimiento de las reglas y normas democráticas.
En la Asamblea General de la OEA, celebrada en
Santo Domingo del 13 al 15 de junio, 15 gobiernos del hemisferio advirtieron de
consuno, y por primera vez, sobre los riesgos que plantea la grave crisis
política, económica y social que vive Venezuela en estos momentos.
Los Cancilleres –incluyendo los de mayor peso de la
región- emitieron un comunicado en el
que, entre otras cosas, reafirmaron su
compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana;
apoyando los esfuerzos para encuentrar una solución a la crisis que vive
Venezuela y alentando el acatamiento a la Constitución y los principios de
separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas,
al tiempo que apoyaban la aplicación
justa y oportuna de los procedimientos Constitucionales. Esto último, en
términos diplomáticos, era un respaldo a la aplicación del Referéndum
Revocatorio.
Días más tarde, con base en el artículo 20 de la Carta
Democrática Interamericana, el Secretario General de la OEA Luis Almagro,
solicitó al Consejo Permanente que realizara una apreciación colectiva de la
situación con vistas a adoptar las medidas que estimara conveniente.
Tras varios frustrados esfuerzos por impedir la
sesión, que incluyeron gestiones para frenar la reunión e impugnaciones al
orden del día, la Canciller venezolana se encontró enfrentada a varios
gobiernos del hemisferio que por primera vez estaban dispuestos a abordar la crítica situación del país en el
marco de los instrumentos de defensa de la democracia del sistema
interamericano.
En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que
se llevó a cabo el 1 de junio, el Secretario Almagro presentó un demoledor
informe en el cual demostró, con sólidos argumentos, no sólo el
desmantelamiento progresivo de la democracia en Venezuela sino que en nuestro
país se había producido una alteración del orden constitucional democrático.
Valga recordar aquí que un golpe de Estado ocurre, no solo cuando unos militares
deponen a un gobierno electo sino cuando se produce “el desconocimiento de la
Constitución por parte de un órgano constitucionalmente electo,”
En su informe, el Secretario General se refirió punto
por punto a las continuas violaciones a la Constitución; a la ausencia de
separación de poderes públicos; la
cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo; las reiteradas
violaciones de derechos humanos; el bloqueo permanente del Poder Ejecutivo a la
Asamblea Nacional; para finalizar diciendo que “en la
situación actual que vive Venezuela, no se puede más que concluir que estamos
ante alteraciones graves al orden democrático tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales
y subregionales”
A juicio del Grupo Ávila, con la presentación del
informe del Secretario General y las intervenciones de varias delegaciones
reconociendo la grave situación que vive Venezuela, se iniciaba una evaluación
colectiva de la situación venezolana a la luz de lo establecido en la Carta
Democrática Interamericana.
Pocos días antes la Asamblea Nacional de Venezuela
había aprobado un Acuerdo mediante el que
denunciaba ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura
del orden constitucional y democrático”.
En ese mismo orden, coincidimos con lo dicho por el
Secretario General de la OEA en cuanto a la existencia de una situación de
alteración del orden constitucional democrático. Igualmente que la situación
denunciada por Luis Almagro exige la manifestación de una solidaridad política
activa de parte de los gobiernos democráticos del hemisferio americano y
respaldamos el llamado que formulara al Gobierno de Venezuela a regresar al
respeto pleno de la Constitución, así como las medidas específicas que propone
para intentar salvar la democracia en Venezuela, en particular: la celebración
de un referéndum revocatorio presidencial en 2016, la liberación de todos los
presos políticos y la toma de medidas inmediatas para solventar la grave
situación de crisis humanitaria que afecta a la población, particularmente en
materia de salud y alimentación.
En suma, en el 2016, la crisis en Venezuela entró en la
escena de la OEA como un caso crítico a pesar de todos los esfuerzos del
gobierno nacional por impedirlo.
El acompañamiento
internacional al diálogo
Bien es sabido que
la grave crisis del país atrajo la atención de diversos gobiernos,
organizaciones internacionales y líderes mundiales. Los esfuerzos más recientes
se construyeron en torno a la mesa de diálogo originalmente promovida por
UNASUR con el apoyo de los ex presidentes Rodríguez Zapatero de España, Martín
Torrijos de Panamá y Leonel Fernández.
Para buena parte del país estos facilitadores estaban
alineados con el gobierno, eran vistos como parcializados que respondían a los
planteamientos del ejecutivo. Luego de muchos esfuerzos, se logró la
incorporación del Vaticano, lo cual contribuyó con su jerarquía moral a darle
un ligero equilibrio al proceso.
Tras muchas idas y venidas, el proceso de diálogo luce
estancado y con pocas posibilidades de avances reales. El gobierno, víctima de
sus propias contradicciones y presiones internas, no ha dado señales de
cumplimiento a los acuerdos alcanzados, al tiempo que la oposición cedió en
varios de los puntos exigidos.
El gobierno, en una apuesta tan riesgosa como
irresponsable, pareciera más bien estar jugando a la exacerbación de la crisis,
manipulando la negociación para ganar tiempo, en la esperanza de recuperar la
confianza de la gente y que mejoren las expectativas de la economía. Ambas cosas parecen difíciles de alcanzar.
Venezuela y Mercosur
En declaraciones y documentos anteriores el Grupo
Ávila ha sostenido su oposición a la
forma y el fondo de cómo se hizo el ingreso de Venezuela a este esquema de
integración. Recordemos tan sólo las presiones ejercidas por el gobierno de
Venezuela para adherirse al Mercosur, una decisión que se tomó de espaldas al
país, y que finalmente se logró forzando todos los procedimientos.
La presencia de Venezuela en dicho bloque ha generado
más roces e inconvenientes que avances en el proceso de integración. Las
divergencias tienen que ver no sólo con incumplimientos a la normativa, sino
con aspectos de fondo en torno a temas centrales como la vigencia de los
valores democráticos; el respeto por los derechos humanos; y el espinoso tema
de los prisioneros políticos.
A lo largo del año se hicieron evidentes las
diferencias entre los miembros del bloque y Venezuela en temas como las
complejas negociaciones con la Unión Europea y la oposición a las mismas que
sostiene el gobierno venezolano, de las cuales se ha auto excluido por su
visión anti sistema y satanizadora del libre comercio.
No menos importante ha sido el rechazo de varios
gobiernos de Mercosur a que Nicolás Maduro asumiese la Presidencia Pro Témpore
del bloque sub regional, la cual le correspondía de acuerdo con el orden
alfabético de rotación, debido a la visión negativa del resto de los socios del
bloque sobre la crisis política en Venezuela, la ausencia de “credenciales
democráticas” de su gobierno, las violaciones a los derechos humanos y los
incumplimientos de la normativa comercial, entre otros factores. Como pocas
veces, las discrepancias generaron una quasi
parálisis del mecanismo.
A lo largo del año, afloraron en el fondo las incongruencias
de la política exterior de Nicolás Maduro que, al igual que su predecesor, defiende la tesis de la ideologización del
mecanismo y el rechazo al libre comercio. En suma, el régimen venezolano se
está convirtiendo en un socio incómodo al que ya pocos quieren acompañar.
Como era de esperarse, los cambios geopolíticos que se
han dado en nuestra región, han marcado diferencias dentro del bloque, al punto
que se generó un serio conflicto con el traspaso de la Secretaría Pro Tempore a
Venezuela.
Fue un hecho lamentable que
Venezuela se haya colocado en tan embarazosa situación ante gobiernos amigos y
socios tradicionales. Fue un nuevo fiasco para la
política internacional del gobierno de Nicolás Maduro y otro golpe a la
credibilidad del país.
Como hemos señalado, la credibilidad en el proyecto MERCOSUR pasa
por sincerar la participación de Venezuela en su seno, no solo en términos
económicos, sino también en materia de democracia y derechos humanos, principios
éstos esenciales de este bloque comercial.
La política de confrontación
continuó este año 2016 afectando las relaciones bilaterales con países y socios
tradicionales. A los reiterados
enfrentamientos con Washington, se agregaron los roces y tensiones con los
gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay.
En efecto, a raíz de la
destitución de Dilma Rousseff quien había sido una aliada fundamental del
gobierno venezolano, comenzaron a evidenciarse
discrepancias que apuntaron a una clara ruptura. La elección de Temer fue
para el gobierno Venezolano, producto de un golpe de estado, al tiempo que para
Brasil “En Venezuela hay un régimen que no puede ser llamado democrático”.
La firme actitud del gobier
no
de Temer en defensa de los derechos humanos en Venezuela, la liberación de los
presos políticos y la denuncia de ruptura del orden democrático provocaron
airadas reacciones de parte de Maduro y su canciller. La conclusión de estos episodios fue que el
gobierno de Maduro ordenó el retiro de su embajador en Brasilia, medida que fue
reciprocada por Itamaraty.
Algo similar ocurrió con el nuevo gobierno argentino.
Desde el triunfo de Mauricio Macri las relaciones han transitado momentos de
crecientes tensiones por las declaraciones en torno a la ruptura del orden
constitucional; la liberación de los presos políticos y la crisis social que
vive el país.
La canciller de Maduro calificó como un "golpe de
Estado" la sanción impuesta por Mercosur a su gobierno. El chavismo,
acostumbrado a imponerse y no a negociar, no entiende muy bien de aplicación y plazos
de normas internacionales
Derechos
Humanos
Durante el año 2016, las preocupaciones en torno a la
severa crisis política, social y económica de Venezuela siguieron llamando la
atención de la comunidad internacional. Por segunda vez, -la primera fue en
2011-, más de un centenar de países evaluaron el comportamiento del Estado
venezolano en el tema de los derechos humanos en el marco del Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Con base a los informes presentados por las ONG de
defensa de los derechos humanos, y por el Alto Representante de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, los delegados participantes formularon
observaciones, señalamientos y
recomendaciones a los países cuyo desempeño fue examinado.
Los temas que estuvieron al centro del examen, en el
caso venezolano, fueron: la libertad de
expresión, la liberación de los presos políticos, independencia de poderes,
seguridad alimentaria, el hacinamiento carcelario, la criminalización de la
disidencia y el acceso a la salud.
Algunas organizaciones hicieron críticas a la
manipulación de las autoridades venezolanas que registran a organizaciones que
generalmente no tienen nada que ver con los asuntos que se ventilan en estas
reuniones y presentan informes con datos falseados de la realidad. En ese mismo
orden se destacó el ostentoso y fantasioso despliegue propagandístico del
gobierno tercamente empeñado en desconocer la magnitud de la crisis y
atribuirla a una supuesta “guerra económica”
Para muchas de las organizaciones de la sociedad civil
que estuvieron presentes en Ginebra la conclusión es muy clara: El Estado
venezolano salió reprobado. Ya anteriormente el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas había manifestado su preocupación por la “erosión institucional
en Venezuela”, al tiempo que una de las organizaciones emblemáticas allí
presentes afirmó que “La falta de independencia de los poderes públicos, y
particularmente el judicial, es la principal deuda con la que regresa el
gobierno de Venezuela al EPU”.
El manejo
de la controversia con Guyana
Durante los gobiernos democráticos, Venezuela mantuvo
una firme posición con respecto a la controversia territorial con Guyana sobre
el territorio Esequibo. Fue ésta una política del Estado venezolano atenida a lo previsto en el Acuerdo de
Ginebra de 1966, como vía de solución
práctica mutuamente convenida entre las partes de la controversia territorial.
Este año 2016, las autoridades guyanesas arreciaron su campaña internacional de descrédito
de los derechos de Venezuela sobre la Zona en Reclamación, y de subestimación
de la búsqueda de una solución práctica de la controversia, según lo
establecido en el citado instrumento.
Aunado a lo anterior, se ejercieron presiones sobre el Secretario
General de la ONU para que decidiera sobre otro de los mecanismos de solución
pacífica de controversias, en virtud de que por muchos años no se había llegado
a ningún acuerdo.
Fueron persistentes los esfuerzos guyaneses por descalificar la
búsqueda de una solución práctica a la controversia.
A lo
largo de este año y en varias declaraciones, el Grupo Ávila ha hecho llamados
al gobierno nacional para que promueva un gran diálogo nacional que acabe con
la improvisación en esta materia. Se emplazó al
ejecutivo a que más allá de las diferencias políticas y desde una óptica
de política de Estado, abandone la pasividad, inacción
e indolencia en esta delicada materia y que actúe de manera proactiva en la
defensa de los intereses de la Nación tanto en el territorio Esequibo,
como en la Fachada Atlántica del Delta del Orinoco.
Al mismo tiempo, se exhortó a la Asamblea Nacional a ejercer su
función contralora e interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores y de
Defensa.
Venezuela y el
Consejo de Seguridad de la ONU
El gobierno de Maduro y su aparato de propaganda se
esmeraron en presentar como un éxito y
reconocimiento a su política exterior, la presidencia rotativa que por 30 días
le correspondió ejercer del Consejo de Seguridad este año. Los mensajes
oficiales comentaban que éste era un “hecho histórico” cuando en realidad era
la 5ª vez que Venezuela ejercía la presidencia del Consejo de Seguridad.
En sus declaraciones el representante Permanente ante la
organización reveló que su ejercicio estaría “centrado en romper el monopolio
de las potencias occidentales en las decisiones que toma el organismo”
En ese ejercicio, votó en contra de las sanciones al
régimen de Siria, lo que es contrario a la tradición de Venezuela en esa instancia,
donde se preservaba el apego irrestricto al Derecho Internacional Humanitario.
Lejos de realizar una gestión exitosa para velar por el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el representante
venezolano tuvo una insignificante actuación que estuvo opacada por obstruir
algunas resoluciones del Consejo aunado a los crecientes señalamientos públicos
de corrupción en su contra cuando ejerció la presidencia de PDVSA
La
presidencia del MNOAL
Otro fiasco de la política exterior durante este año
fue la deslucida e intrascendente “Cumbre” realizada en Margarita para asumir,
de manos de Irán, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados por los
próximos tres años. En circunstancias normales, este acto hubiese cobrado
notoriedad por parte de algunos gobiernos que aguardan con interés las
orientaciones políticas que le imprimirá
al movimiento los nuevos responsables de conducirlo.
Pero más allá de la obsolescencia de dicho mecanismo,
la intrascendencia de sus decisiones, y el carácter autoritario de muchos de
los gobiernos que participan, la cumbre sirvió como costosa plataforma de
propaganda del gobierno para denunciar unos supuestos planes intervencionistas
de EEUU, y presentarse como víctima de
sanciones dirigidas desde el “imperio” contra personeros oficiales.
Además, con la opacidad informativa que rodeó a la
organización de la cita, nunca se supo a cabalidad el número de Jefes de Estado
y de Gobierno que concurrieron. Muchas delegaciones estuvieron representadas
por sus Ministros de Relaciones Exteriores, sus vice cancilleres, su
Representante Permanente ante la ONU o su embajador en Venezuela.
Con todo, en un país inmerso en una crisis como la que
actualmente atraviesa Venezuela, resulta una temeridad ser sede de un encuentro
para lo cual tuvo que incurrirse en un gasto estimado en más de 150 millones de
dólares.
La Declaración final fue un compendio de proyectos
irrealizables así como un decálogo de viejas promesas, aspiraciones ilusorias o
temas repetidos en textos anteriores.
Así pues se destacaron la cuestión Palestina; la independencia de Puerto
Rico; la erradicación del terrorismo; los refugiados del medio Oriente.
Más delicado aún fueron los presuntuosos anuncios de
que bajo la presidencia de Maduro se promoverá la “la democratización de la
ONU”. En suma, se trató de un “show
mediático” para organizar una cumbre de países unidos más por sus recelos que
por sus intereses compartidos; cuyas decisiones tienen muy poco que poco
aportar a los temas centrales de la
agenda internacional y en el que se despilfarraron ingentes recursos en un país
afectado por la más grave crisis que ha vivido el país.
Arbitrajes
internacionales
Dentro de este balance de la política exterior deben
incluirse los reclamos arbitrales que tiene pendientes y/o ha resuelto ya la
República ante el CIADI, foro éste en el que Venezuela, resultó demandada más
de cuarenta veces, compitiendo con la Argentina de Kirchner por el puesto de
mayor número de casos tramitados.
De los casos concluidos o pendientes, casi todos por
expropiaciones, la República ha sido condenada en la mayoría de ellos, en
algunos por sumas muy significativas que
no se han podido cancelar.
Cuando en enero de 2012 el Presidente Chávez denunció la
adhesión de Venezuela al acuerdo CIADI lo hizo alegando razones de soberanía y
de prejuicio en contra del país. Sin embargo, transcurrido el plazo de seis
meses para que la denuncia surtiera efecto (25 de julio de 2012) resultó que
las demandas han continuado no ya por el Acuerdo Constitutivo sino en virtud de
los tratados bilaterales de protección de inversiones con Holanda, Chile,
Canadá, etc. que obligan a Venezuela a acudir a los litigios que se plantean en
su contra.
Hoy día existen reclamos en diversas fases procesales que
implican millonarios pasivos actuales o
potenciales para el país entre ellos el de Conoco/Phillips, Exxon/Mobil,
Rusoro, Vestey, Crystallex, Tidewater,
etc.
La imposibilidad económica y falta de voluntad política
para atender estas obligaciones repercute desfavorablemente en el prestigio del
país y genera la imagen de que se trata de una jurisdicción poco confiable para
colocar inversiones extranjeras.
Caracas, diciembre de 2016
El Grupo Ávila es
una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos,
profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones
internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer
internacional y nacional.
