De los narco-sobrinos al narco-régimen.

Fernando Gerbasi

@fernandogerbasi

Es cierto que desde hace unas dos décadas Venezuela es considerada, a nivel internacional, un importante país de tránsito para el paso de narcóticos hacia mercados importantes de consumo como los Estados Unidos  y Europa. No obstante, existe una gran diferencia entre lo que ocurría en esta materia en los años noventa y la manera y forma cómo se nos ve, en este delicado asunto, desde mitad de los años dos mil.

Venezuela, por su localización geográfica y la extensa frontera que la une a Colombia, es un paso que pudiera considerarse natural para el tráfico de droga en especial la que va destinada a Europa,  producida en Colombia e incluso en Perú y Bolivia. Por ello, las autoridades venezolanas, en conjunción con las colombianas y a través de los correspondientes acuerdos bilaterales, combatieron y de manera denodada el tráfico de narcóticos por nuestro territorio durante la década de los noventa. En esa época no se señalaba a personas o instituciones venezolanas como engranajes del narcotráfico, mucho menos al gobierno; en cambio, y particularmente a partir de la segunda mitad de los años dos mil, es más que normal denunciar a personas, políticos, militares, empresarios e instituciones nacionales, como sujetos integrantes de bandas organizadas de narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, decidió desde el año 2008 y como consecuencia  de lo que fuera encontrado en las famosas computadoras del jefe guerrillero colombiano alias “Raúl Reyes”, que varios venezolanos estaban incursos, conjuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, FARC, en  el negocio del narcotráfico. Esta lista ha sido ampliada posteriormente por lo que al día de hoy hay nueve venezolanos incluídos en ella. Estos venezolanos proceden de distintas formaciones y orígenes y a pesar de que la mayoría son militares retirados todos se destacan por ser miembros del partido de gobierno o afines al régimen por lo que han ocupado o ocupan cargos de ministros, gobernadores, diputados o miembros de los servicios de inteligencia y contra inteligencia.

A pesar de que Venezuela es un país en el que no se cultiva, no se produce coca –aunque desde algunos años han aparecido algunos laboratorios en suelo venezolano- se ha convertido, a los ojos del mundo, en un gran centro del narcotráfico internacional como país puente o de tránsito. De conformidad con expertos en la materia, se ha utilizado la presión política y el control sobre las vías de comunicación, puertos y aeropuertos, para que venezolanos se involucren y se lucren directamente de este nefasto negocio que tanto daño le hace a la humanidad y muy particularmente a la juventud del mundo. Desde territorio venezolano parten aviones cargados de droga con destino a Honduras y Guatemala y de ahí, por tierra, hacia los Estados Unidos. Por mar llega la droga a las costas africanas y desde ahí siguen hacia España para penetrar a Europa. Fuentes europeas han señalado que el 60% de la coca que ingresa a Europa por África procede de Venezuela.

Si alguien pudiera haber tenido dudas sobre esta lamentable y desacreditadora situación no tiene sino que referirse a la reciente decisión tomada por un jurado independiente de 12 personas, escogidas entre más de 90, que en la ciudad de Nueva York encontraron culpables por unanimidad a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, de haber conspirado para introducir y distribuir grandes cantidades de droga -800 kilogramos- en los Estados Unidos, lo que está penado con un mínimo de 10 años de cárcel y como pena máxima la cadena perpetua,  ya  que fueron calificados desde un principio por la fiscalía como cabezas de una organización criminal.

Como ambos traficantes son sobrinos de la pareja presidencial venezolana –que por cierto guarda total silencio después de la decisión del jurado-, la noticia de dicha culpabilidad ha dado, como es más que normal, la vuelta al mundo y ha hecho que ahora, más que nunca, se mire a Venezuela como un narco-régimen o narco-estado.

Cuánta razón tiene el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, cuando declara lo siguiente: "Lo que tiene Venezuela es un narco - estado; muchos de los altos funcionarios de ese gobierno han estado involucrados en narcotráfico y saben qué futuro les espera cuando abandonen el poder", advirtió el ex mandatario. "Esa es la razón fundamental para negarse a que se haga el referendo revocatorio en ese país", añadió.

21 de noviembre de 2016.

Publicado en: www.elcorreodelorinoco.com  

Trampa Cazabobos

Fernando Gerbasi

Una vez más nos vemos obligados a comentar el diálogo entre oposición y gobierno y lo hacemos porque pensamos que en las actuales circunstancias y tal como está planteado puede ser una simple trampa cazabobos.  No es que nos opongamos a él, pues nadie puede objetar el mecanismo más sensato que existe para encarar situaciones conflictivas y encontrar, de común acuerdo, soluciones a tales conflictos que satisfagan a todas las partes. Desde que existe la humanidad los hombres han dialogado. En la medida en que las sociedades han avanzado los mecanismos del diálogo se han perfeccionado.

No obstante, cuando se tiene en frente a un gobierno que aparenta ser democrático, porque realizan elecciones cuando le conviene  pero no las lleva a cabo cuando sabe que será derrotado, como sería el caso si se realizara el referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de nuestra Constitución,   o rompe el hilo constitucional a través del TSJ, tribunales y el CNE,  entonces el diálogo no es posible. Y no es posible cuando los mediadores ya han tomado partido de antemano, como es el caso de los tres ex presidentes que el gobierno buscó para que actuaran como tales.

Si es verdad que la presencia del representante del Vaticano le da respetabilidad y credibilidad al diálogo, ello en si mismo no garantiza que el gobierno participe de buena fe, acate lo establecido en la Constitución, libere a los presos políticos, permita el regreso de los exiliados,   no continúe con la persecución política y busque soluciones reales a los ingentes problemas que confrontamos los venezolanos, pero por encima de todo, se comprometa a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y respete la renovación e independencia de los poderes públicos.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor Diego Padrón expuso la visión y lo que espera la Iglesia del diálogo, “El diálogo no puede ser sustitución de un derecho del pueblo. No viene a enfriar al pueblo ni a quitarle la voluntad de revocar. El gobierno niega la crisis, esconde las colas que los venezolanos tienen que hacer, pero existen y se mantienen los mismos problemas”.

A través del diálogo el oficialismo lo que está fraguando es una política de sobrevivencia. Estamos conscientes que se oponen a la realización del referendo revocatorio porque saben que no solamente Maduro perderá la presidencia sino que también ellos perderán el poder. Por eso, deben llegar a toda costa al 10 de enero de 2017, fecha plazo impuesta por la Constitución – que en este caso si acatarían porque les conviene - cuando sí permitirían el referendo revocatorio ya que Maduro saldría pero su mandato lo culminaría el vicepresidente de la República. De esta manera ganarían tiempo hasta el 2019, tratando de recuperarse como fuerza política pero  con toda seguridad seguirían gestionando el caos como política de Estado y por lo tanto hundiendo, aún más, a Venezuela en la miseria y desolación.

Nos encontramos en un momento que nos llena de perplejidad. Frente a un oficialismo que sabe lo quiere y pretende, a una presión internacional favorable al diálogo pero que pareciera desconocer la realidad de lo que vivimos y prueba de ello fue el silencio  sobre la democracia en Venezuela que sostuvo la reciente Cumbre Iberoamericana en sus conclusiones, la oposición se presentó a la reunión del pasado 30 de octubre dividida y no adecuadamente representada y sin claridad de objetivos.

Si el liderazgo opositor continúa con las marchas y contramarchas, carente de una visión estratégica unitaria, perderá irremediablemente la credibilidad ante la ciudadanía y nos expondrá a innecesarias confrontaciones.

Cabe recordar una frase que le escuché en una oportunidad a un importante líder político brasilero, “La popularidad es como las olas del mar, va y viene, pero la credibilidad cuando se pierde, se pierde para siempre”.

31 de octubre de 2016.

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Quiebre Constitucional en Venezuela

La suspensión de la realización del último paso para la convocatoria del Referendo revocatorio (RR) al Presidente Nicolás Maduro, constituye otro atropello a la Constitución y las leyes de la República  Jueces provisionales de la jurisdicción penal, designados a dedo, legalmente incompetentes para conocer casos de eventuales irregularidades en los procesos electorales, así lo decidieron con sospechosa simultaneidad.

Numerosas y reiteradas declaraciones y anuncios por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, anticiparon las decisiones judiciales, revelando la autoría de la maniobra contra la consulta popular que demanda 8 de cada 10 venezolanos. El inmediato y sin asidero sometimiento a la decisión, por parte de las 4 rectoras del CNE, evidencia su participación en la componenda.

A sabiendas de que la celebración del RR este año conduciría necesariamente al fin de la presidencia de Maduro, el partido de gobierno hizo lo indecible para evitarlo. Desde hace 9 meses, han puesto todo tipo de obstáculos, echando mano de ardides legales, jurisprudenciales y procedimentales, para impedir su concreción.

Las fuerzas democráticas, sin embargo, no han cesado en su empeño de llevar adelante el proceso, sin dejar de lado su estrategia constitucional, democrática, electoral y pacífica. Una a una, las trabas puestas por el gobierno se fueron superando, a pesar de sus provocaciones e iniciativas tendentes a desmoralizar a un pueblo decidido a salir del gobierno de la mejor manera.

Prueba de todo ello la tienen la comunidad y la opinión pública internacionales, las cuales han sido permanentemente informadas de los pasos seguidos por la oposición democrática, todos conformes a la legalidad vigente y al talante pacifico pero firme de los venezolanos.

En la hora actual, vista la última de tantas jugadas inconstitucionales y antidemocráticas del gobierno, que lo muestra en su verdadera naturaleza dictatorial, prácticamente se están cerrando las vías constitucionales y pacíficas para conjurar la grave crisis política, económica y social que agobia al pueblo venezolano. 

Esta crítica y comprometida situación venezolana, atañe a la Comunidad internacional comprometida con los Derechos Humanos y con la democracia. Y a ella acudimos con creciente angustia por el previsible incremento de dificultades, mayores penurias para la población e ilimitado aumento de la represión, pero con la esperanza de superar todo ello con nuestra activa determinación y el apoyo internacional.

Es el momento de definiciones y de acciones efectivas. La legalidad internacional dispone de mecanismos que apuntan a la preservación no solo de la Democracia y la garantía de los derechos humanos, sino también de la seguridad colectiva.

El GRUPO ÁVILA, consciente de la delicada situación política y económica que estamos viviendo, y comprometido como está con el restablecimiento de la democracia y las libertades en nuestro país, hace un llamado a la Comunidad internacional, a sus instituciones y a todos los gobiernos democráticos del hemisferio y el mundo, para que estén atentos a los acontecimientos que puedan producirse en los días venideros.

Caracas, 22 de octubre de 2016 

El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

El NO de Colombia

Fernando Gerbasi

El pasado 02 de octubre los colombianos le dijeron NO a los acuerdos de paz que pocos días antes, el 26 de septiembre, habían rubricado en Cartagena de Indias y ante más de 2.500 invitados, entre los cuales destacaban el Secretario General de las Naciones Unidas y varios Jefes de Estado, el Presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular, FARC-EP, Rodrigo Londoño alias "Timochenko".

El triunfo del NO en el plebiscito por un 50,21% sobre un 49,78% del SÍ, fue una sorpresa total ya que todas las encuestadoras colombianas daban una ventaja bastante holgada al triunfo del SÍ.

Mucho se ha especulado sobre la alta abstención en este proceso electoral que alcanzó el 62,60%, sin duda la más elevada en los últimos 22 años ya que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, la abstención alcanzó el  66,23%. El fenómeno abstencionista está bastante presente en la vida electoral colombiana, prueba de ello y a título de ejemplo son los datos concernientes a las primeras y segundas vueltas electorales en las elecciones presidenciales que ganó Juan Manuel Santos, tanto en 2010 como en 2014. En la primera vuelta del año 2010, la abstención fue de 50,73%, mientras que en la segunda se elevó a 55,65%. En el caso de las presidenciales de 2014 los datos son inversos, en la primera vuelta hubo una abstención de 59,90%, y en la segunda 52,03%. No obstante, no cabe duda que la abstención se pudo ver alimentada, en esta ocasión, por las encuestas que otorgaban un triunfo contundente al SÍ, lo que posiblemente influyo en muchos electores favorables al NO a abstenerse. Consecuentemente el NO hubiera ganado con un margen más amplio.

Como se esperaba que el SÍ ganara ampliamente el triunfo del NO, aunque por pequeño margen, fue en si mismo contundente; por el contrario, si el SÍ hubiera ganado con ese pequeño margen de diferencia  hubiera sido una victoria pírrica y los acuerdos de paz hubieran sido cuestionados políticamente de manera inmediata.

Cuando se visualiza el mapa electoral colombiano se constata que aquellas regiones que fueron más afectadas por el conflicto armado fueron las que más apoyaron el SÍ. Ello debe entenderse como un reacción natural y lógica frente a una guerra que dejó tantos muertos y afectó la vida económica, política y social de los habitantes de esas regiones. Ellos votaron a favor de la paz, conscientes de lo vivido en el pasado, las dificultades del presente y las esperanzas de un futuro mejor. No prevalecieron razones ideológicas en el voto ni a favor del SÍ ni a favor del NO.

Qué conclusiones se pueden sacar del resultado del plebiscito? Ellas son varias  y al enunciarlas no se establece un orden de prelación .

En primer lugar, se votó contra la impunidad, especialmente para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Asimismo, contra la forma y manera cómo se convino la participación de la guerrilla en la vida política nacional. Para muchos las FARC no pueden tener un espacio político que no se merecen. También prevaleció el coste económico que la puesta en práctica significaba para el ciudadano de a pie que veía, como únicos beneficiarios,  a los guerrilleros. Por lo tanto,  los colombianos no votaron a favor de la guerra votaron a favor de la justicia, la libertad, la igualdad.

En segundo lugar, se constata que  una vez más las encuestadoras se equivocaron, como ocurrió con el referendo en el Reino Unido relativo al mantenimiento o no de ese país dentro de la Unión Europea (Brexit).

En tercer lugar, que el apoyo de la Comunidad Internacional, desde el Papa Francisco pasando por el Secretario General de la ONU, los Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea, no son suficientes para sostener una causa nacional; la decisión siempre está únicamente en manos de los ciudadanos afectados tal como quedó demostrados en el Reino Unido con el Brexit  y ahora en Colombia.

En cuarto lugar, perdió el presidente Juan Manuel Santos que ve su mandato bastante debilitado al entrar en un período de incertidumbre en cuanto a la manera cómo debe conducir, de ahora en adelante, el proceso para no perder el impulso alcanzado hasta ahora.

En quinto lugar, pierden las FARC-EP porque siguen siendo amplia y mayoritariamente rechazadas por los colombianos. Exigieron demasiado partiendo de la tesis que se encontraban en una posición política de fuerza y si ahora quieren de verdad desmovilizarse, dejar las armas e incorporarse a la vida política, tendrán que hacer importantes concesiones.

En sexto lugar, el gobierno venezolano sale derrotado ya que el chavismo siempre ha apoyado a la guerrilla colombiana y ésta encontró en Chávez, y el socialismo bolivariano, una conjunción de intereses ideológicos. Además, al actuar como “facilitador de logística”, se convirtió en garante de la seguridad de los jefes y negociadores guerrilleros, permitiéndoles actuar desde el territorio venezolano y les facilitó sus desplazamientos.

En séptimo lugar, el gobierno colombiano manejo muy mal la relación con la opinión pública nacional durante todo el proceso negociador y por lo tanto no supo explicar lo que negociaba y mucho menos convencer. Además, los actos del 26 de septiembre en Cartagena de Indias, por prematuros contribuyeron a impulsar el NO.

En octavo lugar, queda demostrado que Álvaro Uribe sigue teniendo una gran ascendencia sobre el pueblo colombiano y su capacidad de liderazgo sale reforzada con los resultados del plebiscito.

En noveno lugar, Andrés Pastrana también sale fortalecido aunque en menor medida que Uribe; para muchos no fue fácil comprender su apoyo al NO cuando dedicó todo su gobierno a un proceso negociador con las FARC-EP que aunque fracasó dejó lecciones que directa o indirectamente fueron útiles al proceso adelantado en La Habana.

En décimo lugar, el triunfo del NO se ha convertido en una oportunidad para lograr un acuerdo aceptable para todos. Tanto el gobierno como los partidarios del NO así lo han comprendido. Por su parte las FARC-EP siguen apegadas, hasta ahora, a lo acordado en La Habana a lo que le dan un valor jurídico y de compromiso pero han declarado que la lucha continuará a través de la palabra (política) y no de las armas (la guerra).

En undécimo lugar,  la paz, como objetivo colectivo sólo se puede alcanzar a través de un gran acuerdo nacional. De ahí que sea sumamente positivo el encuentro entre el presidente Santos y los ex presidentes Uribe y Pastrana para definir una postura única negociadora frente a la guerrilla de las FARC-EP.

Finalmente hay que señalar que lo reciente de los resultados aún mantienen conmocionada la vida política colombiana y el clima que se respira es de incertidumbre por lo que afecta la capacidad de decisión de las partes involucradas. Habrá que esperar unas semanas para saber, con mayor exactitud, que rumbo tomará el camino hacia a la paz.

5 de octubre de 2016.

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El largo camino hacia la paz

Fernando Gerbasi

Después de 52 años de guerra que se tradujeron en 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, la más importante que ha existido en ese país, firmaron el 26 de septiembre de 2016 el Acuerdo de Paz.

Gobiernos anteriores al de Santos emprendieron, con mayor o menor éxito,  procesos de paz en la búsqueda de soluciones al conflicto armado y dejaron experiencias que fueron de gran utilidad para alcanzar este Acuerdo.

Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982), dictó  a finales de su gobierno la primera Ley de Amnistía, pero como no fue el resultado de un proceso de diálogo y negociación la guerrilla la rechazó.

Belisario Betancur suscribió, el 28 de mayo de 1984, los Acuerdos de la Uribe, que llevaron a un cese al fuego inmediato por parte de las FARC y a la incorporación de muchos de sus miembros a la Unión Patriótica, que luego participaron en las elecciones de 1986, obteniendo 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 351 concejales y 23 alcaldes. Lamentablemente alrededor de 3.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados. Esto fue un importante retroceso.

Virgilio Barco negoció con éxito la desmovilización del M-19, en marzo de 1.990, y en mayo la de la mayoría del Ejercito Popular de Liberación (EPL). Por su parte, César Gaviria, en mayo de 1.991, logró la desmovilización del movimiento indígena guerrillero Quintín Lame. Además, a raíz de la toma de la sede de la Embajada de Venezuela en Bogotá el 1º de mayo de 1991, para presionar una negociación, por parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que además de las FARC la integraban el ELN y la disidencia del EPL, se iniciaron el 3 de junio de 1991, los Diálogos de Caracas, que luego de tres meses fueron trasladados a Tlaxcala, en México, donde rápidamente fracasaron. Lo que había comenzado mal debía terminar mal.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994 - 1998) el proceso más destacado fue con el ELN y el EPL, en las llamadas conversaciones de Maguncia, en Alemania. En julio de 1998 se firmó el famoso acuerdo de Puerta del Cielo, en la ciudad de Maguncia, que contemplaba el desarrollo de una Convención Nacional, como espacio para la solución de los problemas sociales y políticos de Colombia. Dicho proceso se quedó en buenas intenciones, como consecuencia de la  precariedad intrínseca del gobierno Samper.

El proceso llevado a cabo por Andrés Pastrana (1998 - 2002), en San Vicente del Caguán, fue quizás el mas importante de todos y tuvo lugar  del 7 de febrero de 1999 al 20 de febrero de 2002. Estos diálogos abortaron esencialmente porque las FARC-EP creían que aún era posible una victoria militar y aprovecharon las facilidades dadas en la famosa zona de distensión para secuestrar, asesinar,  importar armamentos, exportar drogas y mejorar su equipamiento militar.

El gobierno de Álvaro Uribe quiso negociar  en los esténtores de su mandato, razón por la cual las FARC-EP rechazaron la propuesta y sugirieron que esas conversaciones de paz tuvieran lugar con el nuevo presidente. No cabe duda que Uribe, quien logró a través de su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, grandes triunfos militares no comprendió oportunamente que podía iniciar favorablemente un proceso negociador. No supo interpretar que ya había conseguido un cambio drástico en la correlación de fuerzas en lo militar y en lo político, con relación a las FARC-EP;  que el marco geopolítico regional había  cambiado pues las fuerzas de izquierda de América Latina, llegaban al poder  por la vía electoral; que tanto a nivel regional como internacional, los gobiernos y la opinión pública eran favorables a una negociación para ponerle fin a un conflicto ya extemporáneo y finalmente, que encontraba en Fidel Castro y Hugo Chávez aliados favorables a una negociación.

Juan Manuel Santos si comprendió esta nueva realidad. Por ello,  a los pocos días de tomar posesión del cargo de presidente de la República de Colombia, comenzó, tal como lo confesara posteriormente, a escrutar las posibilidades de entablar conversaciones de paz con las FARC-EP. Acompañados por los gobiernos de Cuba y Noruega, representantes del gobierno colombiano mantuvieron conversaciones exploratorias con las FARC durante año y medio, lo que permitió suscribir, el 26 de agosto de 2012, el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que sentó las bases para las conversaciones que tuvieron lugar en La Habana durante 1.459 días, es decir cuatro años menos 1 día  pues concluyeron el 25 de agosto de 2016.

El Acuerdo para la Paz es muy largo, 279 páginas, complejo, amplio y difícil de comprender pero sigue la hoja de ruta que se trazaron los negociadores en La Habana en agosto de 2012. Por ello sus temas fundamentales, de manera muy apretada,  son, una propuesta integral de desarrollo rural tras reconocer que el conflicto armado encuentra su razón de ser en lo relativo a la tenencia de la tierra. La participación política de la nueva oposición a través de una apertura democrática que fortalezca el pluralismo. El fin del conflicto armado lo que persigue construir es el ejercicio de la política sin armas como consecuencia de una convivencia civilizada. En materia de narcotráfico las partes se comprometen en una solución conjunta e integral. En relación a las víctimas del conflicto lo que se pretende es la reconciliación nacional sin que exista impunidad; es aquí donde entra en juego la justicia transicional, que tanta discusión ha generado pero muy necesaria en los post conflictos armados. Finalmente, está lo relativo a la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo, que sólo tendrá validez en la medida en que el pueblo colombiano vote sí a favor del Acuerdo el 2 de octubre próximo.

El Acuerdo que se acaba de firmar no es la panacea ni resuelve todos los problemas de un día para otro. Es el inicio de un proceso en el que debe prevalecer la buen fe de las partes, la voluntad de cambio y la búsqueda de una cultura para la paz que penetre en todas las capas de la sociedad. Su puesta en práctica tomará años, posiblemente décadas y será el esfuerzo de generaciones convencidas que solo a través de la paz podrán progresar, generar un país mas igualitario, con políticas sociales de amplio espectro y alcance. En fin, hacer de Colombia un país más prospero de lo que es hoy en día y con un mayor peso internacional.

Es por todo eso que los colombianos apoyarán el Acuerdo con su voto el día 2 de octubre, porque ante todo están convencidos que hay que darle una oportunidad a la paz.

No habrá otra oportunidad.

27 de septiembre de 2016.

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