GRUPO AVILA
En medio de una crisis
económica-financiera sin precedente, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro
profundiza su conducta represiva y de persecución política contra la oposición
venezolana, violando los más elementales Derechos Humanos que garantiza la
Constitución.
El gobierno militarista que
hoy pretende someter a Venezuela ha urdido una trama perversa de supuestos
planes desestabilizadores, con los que, sin prueba alguna, se pretende
involucrar a líderes de la oposición.
Se utiliza el Poder Judicial,
conculcado a su servicio, para encarcelar de manera arbitraria a dirigentes
como Leopoldo López y Daniel Ceballos; se hostiga de manera permanente a la
diputada María Corina Machado; se amenaza bajo falsas acusaciones al diputado
Julio Borges; y se ordena la detención ilegal del Alcalde Metropolitano de
Caracas, Antonio Ledezma.
La comunidad internacional ha
rechazado de manera contundente estas acciones y ha hecho llamados para que
cesen estos atropellos; para que se restituya el Estado de Derecho; para que se
liberen a los presos políticos injustamente detenidos.
Una vez más el gobierno de
Venezuela aparece ante los ojos del mundo como un transgresor del Estado de
Derecho, que vulnera los Derechos Humanos, que ha utilizado la represión propia
de los regímenes autoritarios y que pierde su legitimidad.
Estamos convencidos de que
estos atentados ameritan que las organizaciones hemisféricas asuman su papel de
preservación de las libertades y la democracia. La Carta Democrática Interamericana (OEA), el Protocolo de Ushuaia II
(Mercosur) y la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el
Orden Constitucional de la CELAC,
contienen disposiciones expresas que obligan a los gobiernos que los han
suscrito a tomar medidas frente a las flagrantes violaciones constitucionales
que han venido ocurriendo en nuestro país desde hace muchos años.
Hoy muchos se preguntan si
están o no vigentes tales instrumentos jurídicos vinculantes. Si tal
ordenamiento internacional está en vigor ¿qué impide entonces a los gobiernos
del hemisferio, de Latinoamérica, de Suramérica o de Mercosur actuar de manera
inequívoca y resuelta en resguardo de la Democracia y de los Derechos Humanos
en Venezuela?
El Grupo Ávila, desde
Venezuela, denuncia ante el mundo los reiterados atropellos contra los Derechos
Humanos que tienen lugar en nuestro país, la persecución contra líderes
políticos y el encarcelamiento arbitrario de dirigentes de la alternativa
democrática.
Alertamos a la comunidad
internacional sobre las pretensiones del gobierno de provocar un clima de
anarquía que apunte a la ilegalización del liderazgo opositor, como una manera
de prevenir la segura derrota que tendrá en el proceso electoral que se
avecina.
Caracas, 25 de Febrero 2015
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