La
Constitución Nacional vigente establece que la iniciativa de consultar al
pueblo sobre la conveniencia de realizar una Asamblea Nacional Constituyente
corresponde al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a los Concejos
Municipales y a los electores. Establece asimismo que el depositario del poder
constituyente originario es el pueblo de Venezuela, en ejercicio del cual puede
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar al
Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Nueva Constitución.
La Constitución vigente señala también que la soberanía nacional reside intransferiblemente
en el pueblo y que este la ejerce, entre otras formas, mediante el sufragio en
elecciones libres, universales, directas y secretas. En consecuencia, la
pretendida convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que no esté
sujeta a la aprobación previa del soberano y que además no respete el principio
fundamental de toda elección democrática: “una persona un voto”, no solo es
inaceptable, sino que constituye un acto fraudulento, evidentemente desesperado
y con aviesas intenciones.
El creciente
y generalizado rechazo popular al régimen y su desprestigio internacional lo
colocan cada vez más ante la disyuntiva de continuar aparentando, que existe
algún respeto por algún vestigio de institucionalidad democrática o abandonar
todo recato y dar definitivamente al traste con la ilusión de un estado de
derecho que dejó efectivamente de existir hace mucho tiempo para convertirse en
una dictadura.
El desacato
a la voluntad popular mayoritaria expresada en las pasadas elecciones
parlamentarias, la inobservancia de la obligación de convocar y celebrar unas
elecciones de gobernadores previstas constitucionalmente, la negación del
derecho ciudadano de revocar a sus mandatarios mediante subterfugios de diversa
naturaleza, la sistemática calificación de la protesta ciudadana como delito,
la persistencia de un creciente número de presos políticos y exiliados, el
desacato a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
denuncia de compromisos internacionales como la Convención Americana de
Derechos Humanos, y más recientemente la insólita denuncia de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, configuran un comportamiento
inaceptable dentro de la comunidad civilizada de naciones que avanza hacia un
creciente respeto por los derechos humanos y mayores libertades, en el marco de
una institucionalidad que ha sido voluntaria y universalmente aceptada por las
naciones democráticas.
Los
llamados de la comunidad internacional a resolver las diferencias de manera
civilizada, mediante elecciones, continúan siendo desoídos. Paralelamente a la
compleja situación económica y financiera en la que se ha sumido al país, que
experimenta cuatro años en recesión económica, la inflación más alta del
planeta y un retroceso a niveles de pobreza superados, persiste una inseguridad
personal que se traduce en miles de víctimas anuales, en medio de una impunidad
casi total. La ausencia de independencia de los diferentes poderes públicos,
elemento esencial de la democracia, y el recurso a la utilización de bandas
paramilitares para amedrentar y atacar a ciudadanos inermes, ha suscitado
reiteradas condenas de parlamentos de distintas naciones, de grupos de ex
presidentes y jefes de estado, de personalidades de todo orden, y hasta
sanciones de esquemas de integración regional. Desde hace más de un año, la
mayoría de los países de la OEA mantienen un seguimiento permanente sobre
el comportamiento autoritario y anti democrático del régimen, en atención a su
obligación de defender la democracia en el hemisferio.
En medio de ese
intrincado escenario, el régimen persiste en mostrar el más absoluto desdén por
los principios democráticos, en su afán por aferrarse al poder cualquier costo,
en menosprecio de la opinión popular y de la creciente
exigencia de respetar la Constitución vigente y de contarse en las urnas
electorales como única salida a la crisis actual. Ante la protesta ciudadana
generalizada por las penurias que atraviesa, el régimen recurre ahora a la
argucia de llamar a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo
propósito no parece ser otro que el de evadir sus responsabilidades, enfrascar
al país en un debate sin sentido y seguir ganando tiempo, evitar elecciones que
sabe de antemano perdidas, y tratar de impedir la necesaria rendición de
cuentas ante la justicia nacional e internacional.
En vista de las anteriores consideraciones,
hacemos un nuevo llamado a la comunidad democrática internacional, en
especial a los gobiernos democráticos del hemisferio reunidos en el seno de la
OEA y a los países miembros de la Unión Europa, a conjugar esfuerzos y a actuar
con la mayor premura para lograr allanar el camino hacia la recuperación de la
democracia en Venezuela, antes de que la violencia escale y tengamos que
lamentar sus impredecibles consecuencias.
Caracas, 5 de mayo de 2017
El Grupo Ávila es
una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos,
profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones
internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer
internacional y nacional.
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