Fernando Gerbasi
Cuando los presidentes Santos y Chávez se reunieron, el pasado 10 de agosto en la ciudad de Santa Marta, para “relanzar la relación bilateral con base en un diálogo transparente, directo, respetuoso y privilegiando la vía diplomática” y, decidieron “avanzar en la integración bilateral en beneficio del desarrollo de los dos pueblos”, pusieron el acento en dos temas fundamentales: la seguridad y la relación comercial.
La seguridad es, además del narcotráfico y el hampa común organizada que afecta a ambos países, la cuestión de los grupos alzados en armas, léase particularmente guerrilla. Chávez ha declarado que no permitiría la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano y posiblemente, sin manifestaciones grandilocuentes, aquellos que aún permanecen en el país, poco a poco los irán expulsando. Además, se está trabajando conjuntamente en el establecimiento de mecanismos de cooperación, de carácter militar y policial, para actuar coordinadamente en lo tocante a la seguridad fronteriza. Eso es lo que le interesa a Colombia, no la diatriba sobre el tema.
En lo comercial, se avanza en el pago de la deuda de los importadores venezolanos a los colombianos que asciende a unos 800 millones de dólares. Hasta ahora se ha pagado un tercio de la misma. Pareciera éste un requisito previo para darle un nuevo impulso al comercio bilateral que durante los últimos dieciocho años ha sido el componente más manifiesto de la integración binacional que se quiso forjar a partir del Acta de San Pedro Alejandrino, suscrita el 06 de marzo de 1990. Ciertamente, este intercambio creció de manera sustentable a lo largo del tiempo, con pequeños altibajos, hasta alcanzar montos más que significativos durante los años 2006, 2007 y particularmente 2008. Incluso en el 2009 continuó siendo de la mayor significación. Este comercio bilateral se consolidó en el marco de la Zona de Libre Comercio puesta en práctica el 1º de enero de 1992.
Es verdad que desde el año 2005 los flujos comerciales mostraron un marcado desequilibrio a favor de Colombia. Pero ello se debió a varias razones de carácter interno. El incremento de la demanda interna se satisface con el componente importado. El país cada día ha pasado ser más monoproductor. El bolívar está sobrevaluado, lo que le resta competitividad a las exportaciones venezolanas y favorece la compra de productos en el exterior. El sector privado venezolano se ve sometido al acoso. No tiene fácil acceso a las divisas. No se le otorga, cuando lo requiere, los permisos de exportación amén de otras trabas de carácter administrativo que le imponen. Además, está sujeto permanentemente a expropiación o confiscación y es objeto de constantes ataques políticos y legales que restringen su actividad.
El 26 de abril de 2006, Venezuela se salió de la Comunidad Andina (CAN) y pocos días después del Grupo de los Tres (Colombia-México y Venezuela). De conformidad con lo establecido en la CAN el comercio bilateral Colombia-Venezuela se seguirá rigiendo, por un período de cinco años, hasta el 22 de abril de 2011, bajo la liberalización arancelaria convenida en este acuerdo subregional de integración; después de esa fecha, Venezuela pechará con aranceles las exportaciones colombianas encareciéndolos o incluso impidiéndoles su ingreso en el mercado venezolano al hacerlas menos competitivas. Lo mismo hará Colombia con nuestras exportaciones hacia ese país. En fin, se perdería el beneficio preferencial ante terceros que ambos países venían disfrutando desde enero de 1992.
Consecuentemente, para poder mantener e incrementar el flujo comercial binacional es fundamental que ambos países suscriban un acuerdo comercial bilateral, en el cual convengan mantener la liberación arancelaria existente que desde 1997 abarca el cien por ciento del universo arancelario. Esta fue una de las decisiones más importantes adoptadas en Santa Marta. Este tema es sumamente importante para ambos países pues si bien Colombia se beneficia actualmente del intercambio comercial no es menos cierto que necesitamos en mucho de la importación colombiana para satisfacer el consumo nacional.
Venezuela se ha convertido en un gran importador pero a través del gobierno nacional. Esto será tanto más cierto en la medida en que el Presidente Chávez continúe con su política de radicalización de su proyecto revolucionario, toda vez que gran parte de los canales de importación, de distribución y venta estarán en manos del gobierno. Ahora bien, hay que tener presente que muchas de las compras que realiza el Estado venezolano en el exterior, sino la mayoría de ellas, obedecen a compromisos políticos con otros países, sea porque comparten la misma ideología o porque le son solidarios internacionalmente.
Es en este contexto que se desarrollará en el futuro cercano el comercio bilateral.
El gobierno venezolano ha propuesto, en el marco de su visión del socialismo del Siglo XXI, la suscripción de un Acuerdo de Complementación Económica y Productiva. Con ello pretende un comercio equitativo, justo y administrado. Los dos primeros conceptos son importantes y fundamentales mientras que el tercero, relativo al comercio administrado, distorsiona completamente el libre comercio. Lo que se persigue es impulsar el desarrollo endógeno, por lo que la prioridad de las importaciones son las materias primas, insumos y bienes de capital (máquinas, equipos, vehículos de transporte de pasajeros y carga, etc.) y bienes finales de primera necesidad que no se produzcan o no tengan la posibilidad de producirlos en Venezuela.
Por su parte Colombia quiere un acuerdo con un comercio lo más amplio posible, con reglas claras y estables, que incluya los pagos de las compras como la protección de las inversiones, y sin discriminación alguna.
Ciertamente las posiciones son encontradas en la medida en que Colombia, en el marco de una política comercial de apertura y ampliación de mercados, propicia la suscripción de acuerdos de libre comercio (TLC), mientras que Venezuela, con una visión económica contrapuesta pretende “defender” la producción nacional socialista. Por lo tanto, para Colombia, al igual que para otros países, les será cada vez más difícil exportar ciertos bienes a Venezuela que actualmente se producen o pudieran producirse a nivel nacional.
Hasta el momento se ha realizado una sola ronda de negociaciones aunque la intención es alcanzar un entendimiento hacia el mes de febrero de 2011, lo que permitiría a los parlamentos nacionales aprobarlo antes de abril de ese mismo año.
A diferencia del caso colombiano, el empresariado venezolano “no socialista”, que conforma la gran mayoría del sector, no es consultado ni participa en estas negociaciones. Además, sus intereses, como fuerza viva nacional, no serán tomados en cuenta. El sector privado venezolano es cada día menos exportador por las limitaciones que se le imponen; de ahí que las exportaciones petroleras totales representen entorno al 94% del total exportado. Hemos regresado a nuestros primeros tiempos de país monoexportador.
Consecuentemente, los empresarios venezolanos deben buscar nuevas formulas de relacionamiento con los empresarios colombianos, a la espera de tiempos más favorables con la puesta en práctica de políticas económicas y comerciales, a nivel nacional, acordes con las tendencias mundiales de crecimiento y desarrollo. Una de estas formulas podría ser la de inversiones conjuntas, en Colombia, para producir para el mercado de ese país, el venezolano y si fuera el caso para terceros países. Tenemos capital, experiencia y know how para exportar.
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